El Legislativo de Bolivia dio un primer paso hacia la negociación el miércoles, cuando el vicepresidente Edmand Lara convocó en la sede de la Vicepresidencia en La Paz a representantes del Gobierno, sectores movilizados, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos. El encuentro tuvo un alcance limitado: los principales actores del conflicto brillaron por su ausencia.

No asistieron los dirigentes campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) —la principal federación sindical del país— ni los líderes del magisterio rural.

Algunos enfrentan órdenes de captura por los enfrentamientos con la Policía registrados en los 22 días de protestas y bloqueos que mantienen sitiadas a La Paz y a la ciudad vecina de El Alto.

El único acuerdo fue comprometerse a gestionar las condiciones para que esos dirigentes negocien sin riesgo de ser detenidos, tarea que quedó a cargo de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que representó al Gobierno junto a la ministra de Educación, Beatriz García, ofreció garantías explícitas.

Lupo afirmó que la voluntad del Ejecutivo de dialogar es “absoluta” y prometió “garantías plenas” para que los dirigentes asistan sin ser “perseguidos, arrestados ni hostigados”.

Lara describió el encuentro como “un primer paso” y fijó para el jueves 28 de mayo una nueva reunión en el Seminario San Jerónimo de La Paz, con la participación esperada de los líderes sindicales.

La tensión que rodea ese compromiso es considerable. Lara es un declarado opositor interno al Gobierno —una rareza institucional en la que el vicepresidente actúa como mediador entre el Ejecutivo y sus adversarios— y su iniciativa se desarrolló en paralelo a una maniobra de mayor alcance: ese mismo miércoles, Paz promulgó una ley que deroga la normativa que desde 2020 limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

La norma eliminada, conocida como ley Eva Copa, imponía restricciones al uso de los militares en disturbios civiles. Su derogación, aprobada con más de dos tercios de votos en ambas cámaras, no supone la declaración automática de un estado de excepción —figura constitucional que habilita la suspensión de garantías y amplía el control del orden público—, pero deja al Ejecutivo con el camino legal libre para adoptarlo. El Gobierno insistió en que esa medida será la “última opción” si el diálogo fracasa.

La doble jugada revela la profundidad de una crisis que comenzó a principios de mayo con demandas sectoriales: un aumento salarial del 20%, mejoras en el suministro de combustible y la derogación de la Ley 1720 de reforma agraria.

El conflicto incorporó luego la exigencia de renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el cargo tras ganar en segunda vuelta en octubre de 2025, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz heredó una economía con una inflación que rozó el 20% el año pasado. Según organizaciones empresariales citadas por AP, los bloqueos drenan más de 50 millones de dólares diarios y han dejado cerca de 5.000 vehículos varados en las carreteras. Hospitales de La Paz agotaron sus reservas de oxígeno medicinal, y al menos tres personas fallecieron tras ser impedido el paso de ambulancias, según datos gubernamentales recogidos por NPR.

El Gobierno atribuye la radicalización a una operación de desestabilización vinculada al ex presidente Evo Morales. Los sectores movilizados rechazan esa lectura y denuncian que las políticas económicas del Ejecutivo han agravado la precariedad de las clases populares.