La Comisión del Congreso de Perú que debe debatir una acusación constitucional que pide inhabilitar al presidente Pedro Castillo evitó hoy tratar la cuestión, que concentra la atención de buena parte del país, mientras se confirmó que el domingo llegará el grupo de la OEA que analizará la situación local.

La Comisión parlamentaria discutió dos denuncias contra la fiscal suprema Zoraida Avalos, a quien buscan suspender cinco años por omisión de funciones cuando se desempeñaba como Fiscal de la Nación (fiscal general) entre 2019 y marzo de este año.

La atención de la prensa, sin embargo, está puesta en el postergado debate y votación de la acusación contra Castillo, que busca inhabilitarlo durante cinco años para ocupar cargos públicos por el presunto delito de traición a la patria, al considerar que podría conceder una salida al mar a Bolivia.

El debate del informe contra Castillo, ya aprobado por una subcomisión parlamentaria de acusaciones constitucionales, debió iniciarse hace dos días pero se postergó a pedido del mandatario, quien alegó tener que cumplir una diligencia judicial ese día.

Esa decisión de la subcomisión abrió las puertas para el inicio de un proceso de juicio político, que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente lo aprueba.

El procedimiento es una página más de la aguda crisis política en Perú por los permanentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.

La Comisión Permanente puede también decidir que el caso carece de bases sólidas y archivar la denuncia.

El informe se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en español, en la que no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decidía a través de una consulta popular.

En la llamada guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, Perú perdió sus dos regiones más australes -Arica y Tarapacá- y Bolivia su salida al mar.

El informe parlamentario sostiene que la declaración de Castillo "vulneraría mandatos constitucionales".

Desde que asumió, en julio de 2021, Castillo superó dos intentos de destitución de parte del Congreso, dominado por la oposición.

En parte en ese enfrentamiento constante Castillo sustentó su pedido a la OEA para que se active la Carta Democrática, solicitud por la que la organización enviará un Grupo de Alto Nivel que llegará pasado mañana.

Durante la visita, los miembros de la misión se entrevistarán con distintos actores con la intención de preparar un informe que, luego, será presentado para su evaluación al Consejo Permanente.

Aunque no está la agenda resuelta, el grupo se reunirá con representantes de los tres poderes, de la oposición, de grupos religiosos, de organizaciones empresariales, de la sociedad civil y de sindicatos, entre otros, según reportó el sitio del diario La República.

El propósito, según la OEA, es escuchar “la mayor cantidad de voces y de puntos de vista posibles”.

“El Grupo de Alto Nivel hizo hincapié antes de su visita en que sus tareas emanan de la voluntad expresada por todos los Estados miembros de apoyar a Perú en lo que Perú requiera, desde el máximo respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía peruana”, señala la nota de prensa publicada en la web de la OEA.

El grupo estará conformado por los cancilleres Santiago Cafiero (Argentina), Eamon Courtenay (Belice), Arnoldo André (Costa Rica), Juan Carlos Holguín (Ecuador), Mario Adolfo Búcaro (Guatemala) y Julio César Arriola (Paraguay), la vicecanciller de Colombia, Laura Gil, y el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, quien será el representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del equipo.