Exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron este viernes la "arbitraria detención" del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y pidieron al Gobierno de Luis Arce que deje la persecución política.

Los exmandatario observaron que "un grupo policial obstaculizó el paso del automóvil en el que viajaba, rompió la ventana y redujo con gas lacrimógeno al grupo de seguridad del gobernador”,  y teniendo presente que el gobernador “Camacho fue trasladado al aeropuerto y subido a un helicóptero con rumbo a la sede de gobierno del país, La Paz”, sin que mediase una actuación judicial regular.

"Considerando que los fiscales de la jurisdicción cruceña se habían negado a ser parte de la persecución política contra el mandatario regional, mientras que la Fiscalía de la Paz justificó la detención arguyendo que el gobernador no obedeció a una citación que se le había realizado para declarar en el juicio espurio que se le sigue a él y a la expresidenta Jeanine Áñez por terrorismo en un supuesto e inexistente golpe de Estado en 2019", eñala el comunicado emitido hoy y que fue compartido por el exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga.

Los expresidentes recordaron que la crisis que vivió Bolivia en 2019 fue resuelta por la vía de la sucesión constitucional ante la renuncia y huida del entonces Presidente Evo Morales, después de un fraude electoral probado por la auditoría de la OEA con el respaldo de la Unión Europea; y que para esa solución se contó con la acción facilitadora de la Iglesia Católica Boliviana, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Gobierno de España.

"Haciendo constar que en declaraciones anteriores relacionadas con el último caso, manifestamos claramente que “la detención de la expresidenta provisional y constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, bajo los cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”, resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho tanto en la forma como en el fondo", señala el pronunciamiento.

"Expresamos nuestra preocupación por una constante en la región, a saber, la judicialización de la política o guerra jurídica (lawfare); que vienen implementando desde el poder algunos gobiernos con el objeto de criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad”, indicaron.

"Expresamos nuestra condena por la práctica generalizada de las detenciones preventivas y judicializaciones de opositores políticos y reiteramos, haciéndola otra vez nuestra en el caso que sufre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho", ponderaron.

Los exmandatario instaron a la Secretaría General de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que en uso de sus respectivas atribuciones estatutarias y de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, realicen las diligencias que con carácter urgente amerita la detención arbitraria del gobernador Camacho.