El juez supremo Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido golpe de Estado, mientras a su vez es investigado por un caso de corrupción.

Checkley agregó que siendo así, Castillo estaría enfrentando una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.

Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo “cuando pretendía asilarse en la embajada de México”, lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.