Los funcionarios implicados en la entrega de pruebas vencidas para los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón, del departamento de Santa Cruz, fueron aparados de sus cargos, anunció el secretario Jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez.

En conferencia de prensa, Suárez anunció además el inicio de procesos administrativos y auditorías internas las que permitirán establecer quiénes son los responsables del “error técnico” que, según dijo, ocurrió con las pruebas rápidas.

No precisó la cantidad ni los cargos de los funcionarios de la Gobernación que fueron desvinculados de sus funciones y dejó que las investigaciones internas puedan establecer las responsabilidades de los implicados.  

“Las personas que han estado involucrado en todo este proceso de almacenaje de la carga de las pruebas caducadas han sido apartadas de sus cargos porque, obviamente, se tiene que hacer las investigaciones pertinentes y esas investigaciones tienen que ser transparentes”, informó.

El fin de semana, las autoridades de los municipios cruceños de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón denunciaron que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó para la entrega de pruebas  rápidas y medicamentos de lucha contra el COVID-19 vencidas.

Desde el Gobierno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la entrega de pruebas caducadas se constituye en un atentado a la salud pública y sugirió que se deba iniciar un proceso para identificar y sancionar a los responsables.

Horas antes, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, formalizó ante la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia contra el gobernador, Luis Fernando Camacho, y el director del Servicio Departametnal de Salud (Sedes), Erwin Viruez, por ese caso.