El narcotrafricante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera vivió en Bolivia durante casi un año pese a que era buscado por la Interpol y el pasado sábado huyó de su domicilio en Santa Cruz aproximadamente una hora antes de una intervención policial, lo que despertó sospechas de que recibió y recibe protección de policías y de otros funcionarios.

Estas sospechas fueron alimentadas además por hechos que en criterio de algunos legisladores son sospechosos, como el haber obtenido dos cédulas de identidad en 2019 y haber realizado varias adquisiciones millonarias sin levantar sospechas en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, dijo este martes que además recibió información de que un grupo de policías de inteligencia intentó extorsionarlo para brindarle seguridad a cambio de un millón de dólares y que al haber rechazado la oferta se ejecutó el operativo en su domicilio.

“Lo que pasa es que el narco uruguayo no ha procedido a pagar la extorsión que estaban pidiendo los policías de inteligencia. Tenemos información de que estaban pidiendo más de un millón de dólares y el narco se hubiere rehusado a pagar. Y como se rehusó, estos policías hacen el operativo de que estuvieran persiguiendo al narco”, afirmó, para luego concluir que “vemos una clara protección de parte de la misma institución del orden al narcotráfico”.

El diputado Renán Cabezas coincidió en que hay sospechas de protección. “Nos hace sospechar de que aquí hay un encubrimiento. No es posible que todo el aparato de inteligencia del Estado no haya detectado esta irregularidad (…) hay fuerzas extrañas que están encubriendo el narcotráfico”, afirmó en conferencia de prensa.

El jefe de Interpol Paraguay, Carlos Duré, quien lidera en su país las investigaciones para dar con el prófugo, dijo que Marset “se paseó sin problemas en Bolivia” desde que en septiembre de 2022 ingresó al país.

Este martes se conoció que el narcotraficante obtuvo al menos dos documentos de identidad en el país, uno con el nombre de Sebastíán Enrique Marset Cabrera y otro como Gabriel de Souza Beumer.

En conferencia de prensa, el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, informó que Marset ingresó al país en 2018 y tramitó sus dos documentos un año después.

“Hay una persona en investigación, es un funcionario que entró a trabajar en 2016, pero hay un informe que hemos verificado y se ha dado conocer a la unidad de Anticorrupción, donde también hay otras personas que trabajaron en otras gestiones que van a ser investigadas”, anunció.

Respecto a las millonarias adquisiciones que realizó y que no fueron detectadas por la UIF, esta institución emitió un comunicado aclaratorio.

“La UIF rechaza las declaraciones vertidas por algunos diputados, quienes, en abierto desconocimiento de la normativa que rige a esta entidad, declararon que la UIF no habría alertado sobre los movimientos económicos realizados por Sebastián Enrique Marset, acusado de narcotráfico”, cita el pronunciamiento.

Agrega que “el crimen organizado actualmente utiliza complejas formas para ocultar el origen de los recursos producto de actividades delictivas, lo cual dificulta la trazabilidad del dinero o recursos, por ello, es importante que la legislación se actualice y evolucione a la par de estas formas, para brindar información oportuna a las entidades públicas que realizan labores de inteligencia e investigación de estos delitos”.