El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la noche de este miércoles, en conferencia de prensa, que el titular de Justicia, Freddy Vidovic, tiene una sentencia ejecutoriada de tres años de prisión que le impide ejercer cargos públicos.

Tras darse a conocer esta información, Vidovic denunció que “con una sentencia viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal, pretenden privarle de ejercer sus derechos ciudadanos”. También anunció la presentación de un recurso de revisión de sentencia.

La sentencia, según explicó Oviedo, es de tres años por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, por lo que Vidovic “no podrá ejercer cargo público”.

“Cuando uno tiene una sentencia ejecutoriada, están conculcados los derechos ciudadanos y, por lo tanto, el señor (Vidovic) no puede elegir, ni ser elegido, todo lo que significa la privación de derechos ciudadanos”, afirmó.

Señaló que existe una resolución de mayo de 2015 emitida por Román Cordero, como juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, que concedió la solicitud de procedimiento abreviado para Vidovic. Luego, explicó que al renunciar a la apelación, la sentencia está plenamente ejecutoriada. “Esta nota la estoy poniendo en conocimiento del presidente Rodrigo Paz”, anunció el Ministro de Gobierno.

La designación de Vidovic causó polémica debido a que fue procesado por el caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde. En su descargo, él aclaró que entonces ejercía como abogado, pero fue víctima de persecución política y tortura por parte del régimen del MAS.

REGISTRO EN EL REJAP

Durante la conferencia de prensa, Oviedo dijo que le llamó la atención que en el Rejap, el sistema para recabar los antecedentes penales de una persona, no aparecía la sentencia ejecutoriada de Vidovic. “Este hecho jurídico no figura en el Rejap, que seguramente será otro punto que tendremos que investigar”, señaló.

Sobre la sentencia ejecutoriada que tiene el ministro Vidovic, el abogado y activista de derechos humanos Jorge Valda manifestó que no se puede permitir el abuso de querer imponer una “muerte civil” a quien fue víctima de torturas durante la dictadura judicial del MAS.

DENUNCIA PRESIONES PARA QUE RENUNCIE

El ministro de Justicia, Freddy Vidovic, se pronunció anoche a través de un comunicado  y denunció presiones que apuntan a su renuncia. Ratificó que en 2015 fue víctima de un proceso político que culminó con su secuestro, tortura y condena ilegal a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena.

“Como ciudadano y actual Ministro de Justicia, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y rechazo a las presiones que se están ejerciendo para que renuncie a mi cargo, basadas en una sentencia condenatoria que fue dictada en mi contra en un proceso político irregular y violatorio de mis derechos fundamentales, realizada bajo coacción, y amenazas posteriores a un secuestro y tortura”, señala en un comunicado.

Vidovic dice que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento.

“Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia”, puntualiza.

Hizo referencia al Código de Procedimiento Penal, que en su Artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos ocho años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes.

“En mi caso, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones”, remarca.

Vidovic indica que nunca fue notificado legalmente con la sentencia condenatoria en su contra, lo que vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso. “Por lo tanto, he decidido interponer un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con el fin de que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad”, agrega.

“MUERTE CIVIL”

Sobre la sentencia ejecutoriada que tiene el ministro Vidovic, el abogado y activista de derechos humanos Jorge Valda manifestó que no se puede permitir el abuso de querer imponer una “muerte civil” a quien fue víctima de torturas durante la dictadura judicial del MAS.

DENUNCIA PRESIONES PARA QUE RENUNCIE

El ministro de Justicia, Freddy Vidovic, se pronunció anoche a través de un comunicado  y denunció presiones que apuntan a su renuncia. Ratificó que en 2015 fue víctima de un proceso político que culminó con su secuestro, tortura y condena ilegal a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena.

“Como ciudadano y actual Ministro de Justicia, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y rechazo a las presiones que se están ejerciendo para que renuncie a mi cargo, basadas en una sentencia condenatoria que fue dictada en mi contra en un proceso político irregular y violatorio de mis derechos fundamentales, realizada bajo coacción, y amenazas posteriores a un secuestro y tortura”, señala en un comunicado.

Vidovic dice que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento.

“Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia”, puntualiza.

Hizo referencia al Código de Procedimiento Penal, que en su Artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos ocho años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes.

“En mi caso, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones”, remarca.

Vidovic indica que nunca fue notificado legalmente con la sentencia condenatoria en su contra, lo que vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso. “Por lo tanto, he decidido interponer un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con el fin de que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad”, agrega.