Quillacollo.– Durante las últimas horas, ciudadanos y vecinos de Quillacollo expresaron su profunda preocupación por el desmedido gasto económico observado en concentraciones políticas de algunos candidatos a la Silla Municipal, donde se habrían invertido miles de dólares en eventos masivos, contratación de grupos, logística, alimentos y dádivas, sin que exista claridad sobre el origen de esos recursos.

Vecinos cuestionan abiertamente: ¿de dónde sale tanto dinero y quién financia estas campañas electorales? Las dudas crecen ante una realidad que contrasta con la difícil situación económica que atraviesan muchas familias quillacolleñas.

Asimismo, se denunciaron presuntas prácticas de compra de votos, mediante la entrega de platos de comida, poleras, gorras, arroz y aceite, especialmente dirigidas a sectores humildes.

“Nos quieren comprar el voto con un plato de comida. No somos hambrientos, queremos obras y desarrollo, no dádivas”, manifestó un vecino tras una concentración realizada en las últimas horas.

De acuerdo con testimonios recogidos, dirigentes de OTBs estarían siendo presuntamente cooptados o presionados por algunos candidatos, obligando a los vecinos a asistir a concentraciones políticas bajo amenaza de multas u otras sanciones internas, lo que vulnera el principio de participación libre y democrática.

Particular preocupación genera la denuncia de que la actual administración municipal estaría utilizando recursos y estructura del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo para favorecer una campaña electoral, lo que de confirmarse constituiría una grave falta y un posible delito electoral.

Frente a esta situación, surge la pregunta: ¿quién fiscaliza el uso de los recursos públicos y el accionar de las autoridades municipales en época electoral?

Vecinos también cuestionaron que muchos dirigentes vecinales se habrían convertido en empleados o dependientes de la Alcaldía, debilitando su rol de representación y defensa de los intereses ciudadanos.

En contraste, se mencionó que candidatos como Charles Becerra y Luis Santa Cruz no cuentan con campañas millonarias ni grandes recursos económicos, lo que pone en evidencia una desigualdad alarmante en la contienda electoral y refuerza las sospechas sobre el financiamiento de otros actores políticos.

Para la ciudadanía, en Quillacollo la política ha dejado de ser un servicio público y corre el riesgo de convertirse en un negocio, donde el objetivo no sería mejorar la vida de la población, sino tomar el poder municipal para intereses particulares.

Finalmente, los vecinos cuestionaron la pasividad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exigieron una investigación inmediata y transparente sobre el financiamiento de campañas, el uso de bienes del Estado y las denuncias de corrupción política.

“La democracia no se defiende con regalos, se defiende con obras, transparencia y respeto al voto ciudadano”, coincidieron varios habitantes del municipio.