En una reciente entrevista, el presidente Rodrigo Paz acusó a Evo Morales de estar detrás de la ola de sicariatos que viene azotando al país en los últimos meses.

Según el mandatario, los casos de asesinatos por sicarios, entre ellos el homicidio del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, están directamente relacionados con la influencia del líder cocalero.

Paz afirmó que no se trata de una simple sospecha, sino de una acusación directa. “No hay sospecha, es una afirmación”, dijo, sugiriendo que el expresidente estaría vinculado con grupos criminales, lo que –según comentó– abre un debate sobre la falta de institucionalidad en el país gestada en los últimos 20 años.

Sin embargo, la gravedad de su acusación no fue seguida de acciones inmediatas en contra de Morales. A pesar de la implicación directa, el líder cocalero aún no fue detenido.

Según el actual Presidente, esta situación se debe a la debilidad de las instituciones del país, que no cuentan con la capacidad para actuar de manera eficiente frente a los grupos criminales.

Paz dijo también que el crimen organizado logró corromper gran parte del sistema, lo que permitió que personas como Morales sigan operando sin consecuencias. En su declaración dio a entender que la falta de un sistema judicial y de seguridad fuerte se convirtió en uno de los principales obstáculos para garantizar que se haga justicia.

Además, aseguró que la colusión entre algunos sectores del poder y el crimen organizado es una realidad palpable en el país. Esta falta de institucionalidad se tradujo en una sensación de impunidad que afecta tanto a las víctimas de los sicariatos como a la sociedad en su conjunto.

A pesar de la falta de acción inmediata, el Presidente expresó su convicción de que “tarde o temprano” se hará justicia y Morales rendirá cuentas. No obstante, la incertidumbre sobre cuándo ocurrirá sigue alimentando un sentimiento de malestar popular.

Por otra parte, varios sectores en Bolivia se sienten desprotegidos y preocupados por la falta de respuestas contundentes de parte de los órganos Ejecutivo y Judicial ante el creciente poder y alcance del crimen organizado.