La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que pidió a las misiones diplomáticas en el país adoptar una conducta de respeto y evitar inmiscuirse en asuntos internos, luego de que el embajador de Irán, Bahram Shahabeddin, manifestara públicamente su opinión sobre el ordenamiento jurídico del Estado.

El comunicado apunta que “cualquier opinión sobre la organización territorial, el sistema judicial, la administración pública o los procesos políticos de Bolivia” contradice los reglamentos de las relaciones internacionales en los que se establece que los agentes diplomáticos están obligados a respetar las leyes de los Estados receptores y “no inmiscuirse en sus asuntos internos”.

El embajador Shahabeddin asistió el lunes a la ciudad de Cochabamba, al centro del país, para participar en el acto de posesión del exsenador Leonardo Loza como gobernador de ese departamento.

A su arribo brindó declaraciones a medios locales y manifestó: “Son gente muy amable en Cochabamba y me gusta, espero que en el futuro Cochabamba sea capital de Bolivia, es muy bonito”.

Después de esa declaración, la Cancillería pidió a las misiones diplomáticas y organismos internacionales “ceñir su conducta a los principios de respeto mutuo, soberanía y legalidad que rigen la convivencia entre las naciones”.

Adicionalmente, la nota expresa preocupación por la emisión de pronunciamientos fuera de canales institucionales y pidió que la diplomacia se ejerza con “profesionalismo y apego a los canales oficiales”.

La declaración de Shahabeddin también ha generado críticas entre actores políticos, especialmente en la ciudad de Sucre, capital del país.

La Gobernación de Chuquisaca —donde está ubicada Sucre— publicó un comunicado en el que rechaza las declaraciones del diplomático y apunta que la capitalidad está establecida en la Constitución. “Rechazamos categóricamente dichas declaraciones por constituir una opinión impertinente sobre un asunto interno, histórico y constitucional del Estado Boliviano”, señala el documento.

El debate sobre la capitalidad en Bolivia es un tema históricamente sensible que se remonta a la Guerra Federal de 1899. Desde entonces, la sede de gobierno es La Paz y la capital constitucional es Sucre y cualquier alusión a modificar ese ordenamiento tiende a reactivar disputas de representación y poder territorial.

El del embajador iraní no es el primer impase diplomático en la gestión de Rodrigo Paz. Semanas atrás, el embajador del Reino Unido, Richard Porter, respondió a declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz, sobre las Islas Malvinas, con un gesto inusual para los canales diplomáticos: difundió un video grabado frente a la Cancillería, donde, en primera persona y con el edificio institucional de fondo, expresó su rechazo a la posición de Bolivia.

El embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, se dirige a la cámara en la ciudad de La Paz, con el edificio de la Cancillería y la bandera boliviana de fondo.

El viceministro Paz había manifestado antes que el asunto de las Malvinas constituía “una causa regional”. Para Porter, esta declaración fue “una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.

Estas desavenencias se dan en el marco de una nueva política exterior en Bolivia. La administración de Rodrigo Paz ha impulsado un giro radical en la tendencia de las relaciones internacionales de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ha retomado vínculos con países con los que no existían relaciones plenas o estaban deterioradas, como Estados Unidos, Israel y Chile.