En una audiencia cautelar celebrada el 27 de mayo de 2026, las autoridades judiciales determinaron la aplicación de detención preventiva por un periodo de seis meses contra el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.

La medida se dictó en el marco de las investigaciones correspondientes al caso denominado “El Sillar III”, por la presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La información oficial provino del capitán Fabio Gonzales, representante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien precisó que el dictamen judicial ordena el traslado y permanencia de Nina en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.

En este mismo centro penitenciario se encuentra actualmente recluido el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien también figura como implicado dentro del mismo proceso penal.

De acuerdo con los elementos contenidos en la imputación formal, la base de la investigación gira en torno a las modificaciones estructurales realizadas en el trayecto de la carretera El Sillar por parte de la empresa constructora china Sinohydro.

Dichas alteraciones se habrían efectuado sin contar con el respaldo técnico suficiente. Ante esta situación, Henry Nina, en su condición de presidente de la institución estatal de caminos, omitió ejecutar las correspondientes labores de fiscalización y control del proyecto.

La auditoría técnica incorporada a la causa penal detalla que la obra vial fue formalmente recibida por la administración de la ABC a pesar de que los registros e informes documentaban explícitamente un total de 719 fallas técnicas y estructurales en su ejecución.

Este elemento constituye la principal prueba material que sustenta los cargos penales que atribuye el Ministerio Público por el presunto daño al patrimonio público. Los antecedentes institucionales de Henry Nina dan cuenta de una trayectoria vinculada a la dirigencia de organizaciones sociales y la administración pública.

Inicialmente, se desempeñó como ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia durante la gestión gubernamental de Evo Morales.

Posteriormente, ejerció liderazgo en movilizaciones y bloqueos viales organizados contra la administración transitoria de Jeanine Áñez. En 2020, tras la asunción al mandato presidencial de Luis Arce, Nina fue posesionado oficialmente como presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Nina ejerció dichas funciones públicas hasta presentar su renuncia al cargo, efectiva durante 2023, periodo previo a las actuales determinaciones del Órgano Judicial boliviano.