Jueves, 04 Junio 2026
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Escándalo y polémica en Cochabamba por designación del hijo de Evo Morales en cargo de fiscalización

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Cochabamba, Bolivia. La designación de Álvaro Omar Morales Peredo como jefe de Fiscalización y Supervisión de Obras y Proyectos Viales de la Gobernación de Cochabamba generó una fuerte polémica y reavivó el debate sobre la transparencia en la administración pública departamental. Las críticas apuntan a presunto tráfico de influencias en la Gobernación.

Diversos sectores políticos y ciudadanos cuestionaron el nombramiento debido a que Morales Peredo es identificado como hijo del expresidente Evo Morales.

La situación provocó una ola de reacciones en redes sociales y espacios de análisis político, donde se plantearon interrogantes sobre los criterios utilizados para su designación.

El abogado y analista político Dulfredo Flores calificó el hecho como un supuesto caso de tráfico de influencias y sostuvo que la designación contradice el discurso histórico del liderazgo cocalero respecto a la lucha contra la corrupción.

Es un acto bochornoso que no coincide con el discurso que durante años sostuvo Evo Morales, quien afirmaba que no existía corrupción ni tráfico de influencias en su entorno político. Hoy vemos cuestionamientos sobre la forma en que se accede a cargos públicos y eso genera indignación en la población”, manifestó Flores.

Las críticas también alcanzaron al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, a quien opositores y analistas exigen explicar públicamente los méritos profesionales y técnicos que respaldaron la designación del nuevo responsable de fiscalización de obras y proyectos viales.

Desde distintos sectores se pidió transparencia en los procesos de contratación y designación de autoridades, especialmente en áreas consideradas estratégicas para la ejecución y control de obras públicas.

Hasta el momento, las autoridades departamentales no han emitido una respuesta oficial amplia sobre las observaciones formuladas por los críticos del nombramiento.

La controversia surge en un contexto de creciente demanda ciudadana por una gestión pública basada en la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas, principios que diversos sectores consideran fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones del Estado.

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