La justicia ordenó este sábado la detención preventiva, por 120 días, en Palmasola de Óscar Gutiérrez quien se declaró propietario de los $us 843.500 que fueron robados por tres agentes de Tránsito en Santa Cruz el pasado 12 de enero.

El abogado del investigado, Samuel Durán, protestó por la determinación judicial porque no se habría considerado que su defendido tiene un domicilio y una fuente laboral como abogado.

Por ello, anunció la presentación de una apelación con el fin de que un juez revierta la detención domiciliaría.

Si bien, en un inicio, Gutiérrez dijo que él era el propietario del dinero y luego que uno de sus sobrinos era el dueño, en la audiencia de medidas cautelares retornó a su primera versión y dijo que el dinero le pertenece.

De acuerdo con el abogado, el dinero “no tenía ningún destino, era un capital de trabajo de un grupo de familia y no era ilícito”, negando la versión de que procedía del narcotráfico.

“Ese dinero tenía un origen lícito y tenía una función, se trata de un recurso que era invertido en criptomonedas y otros que ya se ha declarado ante la Fiscalía”, dijo al final de la audiencia.

Es acusado del presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, informó el fiscal Alberto Zeballos.

El hallazgo y robo de los $us 843.500 se efectuó el 12 de enero cuando tres agentes de tránsito en la capital cruceñas interceptaron una vagoneta blanca marca Lexus que intentó eludir el control rutinario.

Al interior del vehículo estaban dos jóvenes de sexo masculino con el dinero. Al final del operativo, los tres agentes dejaron que se vayan las dos personas en el vehículo, pero antes decomisaron el dinero; sin embargo, no dieron parte a sus superiores.

Un día después, el 13 de enero, se apersonó el abogado Omar Gutiérrez pidiendo que se identifique a los tres agentes policiales que realizaron el operativo.

El 14 de enero los abogados de las víctimas se reúnen con los tres policías y dos de los ciudadanos que estaban en el motorizado y presentan dos memoriales sin realizar ningún tipo de denuncia, ni demostrar el origen, ni dieron los nombres de quienes les pagaron para realizar ese trabajo, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Luego de conocer el hecho, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, ordenó la aprehensión de los tres agentes, quienes fueron procesados y llevados a detención preventiva en Palmasola, desde l 17 de enero, acusados de concusión.

Se trata de los policías José Ch. C. (23), Ramiro C. F. (38) y Ángel G. (23).

En el caso está involucrado también el coronel Yerko Terán, al que los dueños del dinero acudieron para recuperarlo.

Terán, que tiene su sede de trabajo en Cochabamba, aseguró que, en su calidad de oficial de la Policía, investigó y denunció el caso del robo del dinero.

No obstante, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo el viernes que la “participación de policías en investigaciones particulares sin autorización oficial, generalmente se considera no solamente una violación ética y legal; pueden constituir delitos como abuso de poder, obstrucción a la justicia, o inclusive delitos de orden público, dependiendo de las circunstancias específicas”.

“Los policías que están involucrados tienen perfiles variados; pero algunos rasgos comunes: están relacionados a la búsqueda de beneficios personales” intervenciones como la de Terán “son participaciones fuera de la norma; no ha habido autorización formal, y hay consecuencias negativas”, advirtió.