El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado el Informe de Derechos Humanos 2023, donde resalta la vulneración a los derechos del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. El informe hace referencia a su aprehensión y posterior detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad en La Paz, fechada en diciembre de 2022.
Según el documento, el Gobierno boliviano no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluyendo al gobernador de Santa Cruz y la expresidenta interina, Jeanine Áñez. Se indica que aunque la ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, el gobierno no siempre ha respetado esta normativa, dejando en entredicho el derecho de impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales.
El informe destaca casos potencialmente motivados políticamente por el gobierno, resultando en arrestos arbitrarios, principalmente dirigidos contra opositores o miembros del gobierno anterior. Se considera que el arresto del gobernador Camacho y otros casos tuvieron motivaciones políticas, según evaluaciones de grupos internacionales de derechos humanos.
Además, señala la denegación de un juicio público justo, evidenciando un poder judicial sobrecargado y vulnerable a influencias indebidas. Las autoridades, en varias ocasiones, presionaron a los jueces para cambiar veredictos, y se practicó la autocensura para evitar represalias del gobierno.
Sobre la detención de Camacho, las autoridades ofrecieron diversas justificaciones, pero finalmente afirmaron que permanecía detenido por su papel en la crisis política de 2019, descrita por el gobierno como un "golpe de estado". Sin embargo, Human Rights Watch demostró la justificación de su prisión preventiva como frágil, sin pruebas que respalden las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
El informe también denuncia interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia. Se reportan cámaras ocultas dentro de la celda del gobernador Camacho durante las visitas de su esposa, a pesar de que la ley prohíbe tales acciones.
Este informe, disponible en el sitio web oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Bolivia y la necesidad de abordar las irregularidades denunciadas.
CANCILLERÍA RECHAZA INFORME DE EEUU SOBRE DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA, VE UN ACTO DE INJERENCIA
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este miércoles su rechazo al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, porque es unilateral y “un acto de injerencia e intromisión en la política interna”.
A través de un comunicado, se da cuenta que el informe tiene un “uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 refiere “que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo”.
La Cancillería respondió: “El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos en favor de la niñez, adolescencia y adultos mayores que ha realizado el Gobierno. Además de obviar el impacto de los programas implementados para fortalecer la protección de los derechos humanos”.
En el comunicado también se reafirmó el compromiso inquebrantable con la promoción y “protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados”.
