La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó oficialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) el caso 13.546 de Bolivia por lo ocurrido en un operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, durante el gobierno Evo Morales.
Recordó que el operativo ocasionó la muerte de Michael Dwyer y otras dos personas y la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH remarcó “la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte. Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal”, señala la Comisión.
Asimismo, subrayó que estas detenciones, ejecutadas en 2009, fueron ilegales y arbitrarias, ya que “no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna”.
“La CIDH concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, a la protección a la honra y dignidad y a la protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, precisa el documento.
El 11 de abril de este 2024, la Procuraduría, en representación del Estado, presentó un informe del grado de cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH.
Sin embargo, la Comisión determinó llevar este caso hasta la Corte y recomendó al Estado reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.
Además de implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.
También pide adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.
El 16 de abril de 2009, agentes de élite del verde olivo se trasladaron a la capital cruceña tras recibir reportes de que cinco extranjeros portaban armas. Los efectivos de inteligencia de la Policía ingresaron al hotel Las Américas.
Según la Fiscalía, en aquel entonces, ese “grupo irregular” estaba encabezado por Eduardo Rózsa Flores y otros ciudadanos de nacionalidad croata y húngara.
La Policía aseveró que cuando intervinieron el lugar fueron recibidos con disparos, iniciando así un tiroteo que duró casi 30 minutos.
En septiembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe por el caso del asalto al hotel Las Américas y pidió al Estado boliviano investigar y procesar a los responsables por estas vulneraciones a los derechos humanos.
