Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales, se declaró este jueves un perseguido político por el proceso judicial que se lo pretende incluir por los 23 días de bloqueo de carreteras, y denunció que el Gobierno asumió una “lógica de destruir al adversario político”.

Consideró que, desde los ministerios de Justicia, Gobierno y la Procuraduría General del Estado se “presiona” a la Fiscalía para activar procesos en su contra y emitir una orden de aprehensión.

Por ese hecho, Quintana afirmó que la administración del presidente Luis Arce ingresó en un “terrorismo de Estado” al haber desplegado a la Policía y Fuerzas Armadas para intervenir los bloqueos instalados por las organizaciones sociales “evistas” desde hace más de 20 días.

“Estamos en un régimen en el que el gobierno ha perdido, prácticamente, todo bueno, entonces, hoy soy un perseguido político del régimen arcista”, afirmó en entrevista con radio Kawsachun Coca.

De ser citado por el Ministerio Público anunció que asumirá su defensa e incluso consideró presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pueda pronunciarse por la “persecución indebida”.

“Este es un Gobierno que ha asumido la lógica de guerra, es decir, la lógica de destruir al adversario político, de aniquilar al adversario político, de exterminar al adversario político”, afirmó.

Para la exautoridad, la actual administración de Luis Arce dejó de ser un gobierno democrático y que ahora es un “gobierno maldito” por intentar “matar al padre”, en referencia a Morales, del movimiento indígena.

Además de Quinta, la Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público ampliar las investigaciones por terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir contra los dirigentes campesinos “evistas”, Humberto Claros y Ponciano Santos.