El Caso Catler es un escándalo político y financiero en Bolivia que involucra al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga y otros altos funcionarios del gobierno de Bolivia durante su mandato.
Aunque inicialmente se centró en la venta de acciones de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel a la empresa estadounidense Case Corporation, recientemente se ha conocido que el caso se refiere a contratos irregulares entre YPFB y Catler para la construcción de una refinería de gas en Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.¹
Se acusó a Quiroga y otros funcionarios de haber recibido sobornos y comisiones ilegales, y de haber ocultado información y manipulado el proceso de privatización.
Aunque Quiroga y otros acusados negaron cualquier irregularidad, el caso ha generado un gran debate sobre la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública en Bolivia.
Actualmente, el Ministerio Público anunció que se dictará sentencia contra los acusados en el caso Catler en un plazo de dos semanas. Además, YPFB pidió la pena máxima para Santos Ramírez y los imputados en el caso.
El expresidente y precandidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga denunció que el Gobierno de Luis Arce ha reactivado un antiguo proceso judicial en su contra, en lo que considera una maniobra para inhabilitarlo de la contienda electoral.
El caso Catler, originado en 2009, está vinculado a un escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el asesinato del empresario Jorge O’Connor. En su momento, Quiroga denunció irregularidades en la gestión de recursos y acusó al Banco Unión de estar involucrado en presuntas actividades ilícitas, lo que le valió una demanda por injuria, calumnia y difamación.
Tras más de 15 años sin avances en el proceso, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Hacia las Mujeres 5° de La Paz ha convocado a Quiroga a una audiencia de juicio oral este viernes 31 de enero.
"El MAS y el Gobierno de Arce están desesperados. Han destruido la economía y, como no pueden ganar en las urnas, buscan inhabilitarme desempolvando un caso que denuncié hace años", declaró Quiroga en sus redes sociales.
Analistas políticos y sectores de la oposición han calificado esta reactivación del caso como un intento de "guerra sucia" para debilitar a los candidatos opositores de cara a las elecciones generales. Mientras tanto, el oficialismo sostiene que la justicia sigue su curso y que no hay ninguna intención política detrás de este proceso.
Quiroga ha manifestado su disposición a enfrentar el juicio y ha advertido que no permitirá que "maniobras políticas" lo aparten de la carrera presidencial.
