El empresario y político Samuel Doria Medina y candidato a la presidencia vuelve al centro del debate público tras la reactivación de procesos judiciales vinculados al caso FANCESA.

Las denuncias se centran en una deuda que superaría los 700 millones de bolivianos, derivada de un fallo judicial que favoreció a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) en un litigio por competencia desleal contra la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), anteriormente administrada por Doria Medina.

Desde Sucre y La Paz, ciudadanos chuquisaqueños han exigido que el empresario cumpla con sus obligaciones y devuelva los montos señalados.

Aunque no se han registrado movilizaciones directas en las instalaciones de FANCESA en la capital constitucional, el clamor social por justicia crece, especialmente tras la declaración del diputado Rolando Cuéllar (MAS), quien anunció la reactivación del caso "Akapana".

En este proceso se acusa a Doria Medina de evasión tributaria por 54 millones de bolivianos, mediante la venta de acciones de SOBOCE a través de una empresa offshore.

Cabe recordar que en 1999, SOBOCE adquirió el 33,34% de las acciones de FANCESA, y en 2010 el gobierno de Evo Morales nacionalizó esta participación accionaria.

Desde entonces, el conflicto judicial y político ha tenido múltiples capítulos, incluyendo medidas de arraigo contra Doria Medina y exrectores de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Los recientes desarrollos reavivan un antiguo conflicto que, a pesar del tiempo, sigue generando impacto tanto en el ámbito legal como en la opinión pública, poniendo en entredicho la figura del empresario en un contexto donde la lucha contra la corrupción se mantiene en el centro del debate nacional.