Cochabamba: 02/06/2025- Otto Colpari Cruz.- Recientemente se ha conocido que el Juzgado de Colcha K, en Potosí, ordenó la suspensión inmediata del tratamiento legislativo y de toda acción administrativa vinculada a los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa rusa Uranium One Group y con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited.

Esto significa que, por ahora, estos contratos quedan suspendidos y responde a una resolución judicial derivada de una acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), que representa a 53 comunidades indígenas del sudoeste potosino. La CUPCONL exigió la suspensión de los contratos hasta que se garantice la aplicación de derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada; el estudio de impacto ambiental y el respeto a la Madre Tierra.

En ese contexto, mi intención en el presente artículo es comprender las posibles consecuencias del impulso al extractivismo del litio en nuestro país desde una dimensión climática y en experiencias en otros territorios, particularmente en la Argentina. Para empezar, debemos comprender que, en nuestro planeta, el litio se encuentra concentrado en el llamado “Triángulo del Litio”, conformado por el Salar de Atacama en Chile, el Salar de Uyuni en Bolivia y los Salares de Salinas Grandes, Olaroz-Cauchari y Hombre Muerto en Argentina, que albergan aproximadamente entre el 60% y el 80% de las reservas de litio del planeta.

El proceso de extracción de litio comprende dos métodos principales. El primero, más “tradicional”, es la extracción mediante estanques o piletones de evaporación, conocido como método de evaporación solar o extracción por evaporación de salmueras. A menudo se le conoce como Li-SBM (por sus siglas en inglés, Lithium from Saline Brine Mining).

El segundo método es la Extracción Directa de Litio (DEL, por sus siglas en inglés y conocido en nuestro país como EDL), una supuesta tecnología que busca obtener litio de las salmueras de manera más eficiente y sostenible. Sin embargo, según estudios revisados, esta tecnología aún se encuentra en fase experimental, sin haber alcanzado una escala industrial y permaneciendo en la etapa de pruebas piloto.

En el Salar de Uyuni, ambos métodos están siendo evaluados. Bolivia ha invertido más de mil millones de dólares en el método de estanques de evaporación solar o método Li-SBM, el cual ha fracasado debido a la falta de consideraciones técnicas y de factores endógenos del territorio, como la periodicidad de las lluvias y la baja tasa de recuperación del litio, entre otros.

Por otro lado, se encuentra el método de Extracción Directa de Litio (DEL), que posiciona a nuestro país como un «conejillo de indias», ya que la tecnología aún está en fase piloto y no cuenta con conclusiones científicas serias y claras sobre sus rendimientos de producción, lo que podría derivar en otro fracaso.

Actualmente, en Bolivia, el consorcio chino Hong Kong CBC apuesta por el método de Extracción Directa de Litio (DEL), que, según estudios científicos en otros países, se encuentra aún en fase de prueba y con muchas observaciones. Por ejemplo, el estudio de Emilio Bune (2024) plantea:

Las nuevas tecnologías DLE no han sido probadas a gran escala ni durante un largo período de tiempo, lo que genera incertidumbre sobre su eficiencia;

Dada la falta de pruebas en plantas piloto por largos períodos, DLE podría resultar una forma más costosa de extraer litio en comparación con la evaporación convencional;

Además de los desafíos tecnológicos, existen otros factores externos, como los cambios en el mercado de la electromovilidad. Una disminución repentina en las ventas de vehículos eléctricos —como es la política actual de Donald Trump en Estados Unidos— o una caída en los precios del litio podrían afectar negativamente la implementación de procesos DLE a escala comercial.

Estos argumentos me hacen pensar que el litio no es un factor para alcanzar ese supuesto “desarrollo” que plantean nuevamente desde la lógica extractivista, peor aún para pensar en una industrialización, puesto que no tiene certezas técnicas ni científicas sobre su extracción.

Además, la aplicación de estos métodos extractivistas no cuentan con una consulta previa a los habitantes de esta región, como es el caso de la población indigena de la TCO Nor Lípez.

En ese sentido, se está atentando sistemáticamente contra una forma de vida caracterizada por una estrecha relación entre persona y medio ambiente. En una región como Uyuni, en Bolivia, donde actualmente es una de las regiones que posee mayores índices de pobreza y desnutrición, además de contar con un acceso limitado a infraestructura de salud y educación, ¿cómo podemos pensar en la industrialización del litio si ni siquiera hemos podido solucionar las necesidades básicas de las personas en los salares de Bolivia?

En ese marco, he intentado revisar algunas consecuencias de la extracción del litio en Argentina. Por ejemplo, en la zona de Olaroz-Caucharí, en la provincia de Jujuy, donde actualmente se concentra gran parte de la extracción de litio de ese país, donde las comunidades autorizaron la explotación de este mineral en sus territorios. Sin embargo, los estudios sociales sobre este territorio demuestran fracturas en el tejido social, dividiendo a la población entre quienes están a favor y quienes se oponen. Lo peor de todo es que se han documentado experiencias de expulsiones de antiguos líderes o de familias que están en desacuerdo con aceptar a la empresa minera y sus proyectos.

Otra importante consecuencia estudiada es la dimensión climática, ya que la extracción de litio acumula desechos y escombros generados por las faenas, los campamentos mineros y la construcción de caminos (Ströbele-Gregor, 2013). Las empresas responsables no eliminan estos residuos de la zona, lo que provoca su acumulación en un área comúnmente considerada virgen. Esto no solo deteriora su atractivo turístico, sino que también representa un riesgo para las especies que habitan estos ecosistemas.

Un elemento biofísico que no se debe olvidar es que los salares son considerados como humedales. Los humedales son comunidades bióticas, donde existe una diversidad de seres vegetales y animales que componen este hábitat. Solo para dar un dato, entre la rica biodiversidad de los salares se encuentran los llamados estromatolitos, microorganismos que forman rocas orgánicas que datan de 3.500 millones de años atrás. Entre sus cualidades destaca su capacidad para capturar dióxido de carbono y liberar oxígeno, lo que los convierte en una importante fuente de información sobre el origen de la vida en la Tierra, además de poseer un valor científico innegable.

Esto significa que la extracción del litio amenaza de muerte a estos microorganismos y especies silvestres como el zorro chilla, la vicuña, el zorro culpeo, la chinchilla real y el flamenco andino, que se encuentran ya en peligro de extinción. En ese marco, ¿cuál es el derecho humano de destruir la vida de estas especies y microorganismos? Ninguno. Por ejemplo, los flamencos se alimentan de cianobacterias presentes en los salares y lagunas, las que generan toxinas y productos tóxicos para las demás especies.

La desaparición de estas cianobacterias constituye un grave problema, tanto para la población humana de la zona como para la biodiversidad en general, ya que, al disminuir el depredador de aquellas bacterias, no hay un control sobre dichos tóxicos.

También he revisado investigaciones que resaltan que la no disponibilidad de agua dulce en zonas de extracción de litio afecta directamente a la ganadería de camélidos y a los cultivos agrícolas de quinua y vegetales. Como es el caso de la comunidad de Huancar, del Salar de Olaroz-Caucharí; testimonios de sus habitantes plantean que, desde la llegada de las empresas de litio, hubo muertes dudosas de ganado y menos pasturas.

Por ejemplo, en el salar Tres Quebradas, en Argentina, la empresa minera multinacional Zijin Mining extrae 20.000 toneladas de litio a costa de 8.200 millones de litros de agua. Para la extracción de litio se requiere una “introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial, generación de residuos sólidos y químicos” (Aguilar y Zeller, 2012).

Quería terminar este pequeño artículo con una serie de testimonios que se recolectan de un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales en 10 comunidades cercanas a una explotación de litio del Salar de Olaroz-Caucharí, en la provincia de Jujuy, Argentina:

La semana pasada hubo un derrame de un camión químico cuando llegaba a la planta de Sales. Nos prohibieron pasar por la zona y, en caso de hacerlo, debía ser en camioneta y con los vidrios cerrados. Un técnico nos explicó que, si ese líquido entraba en contacto con el agua, se evaporaría y contaminaría el aire. Dijeron que le echarían un polvo para neutralizarlo y lo retirarían de ahí”.

“A mí me criaron mis padres hilando y tejiendo, y aun así estudié. Decir que se necesita a las mineras es mentira, porque la comunidad sigue igual, no hay desarrollo. Me preocupa el medioambiente y las enfermedades. Vamos a terminar igual que en Abra Pampa”.

“El agua ya empeoró, cada vez hay menos y a veces sale amarilla o verde”.

“Estos pueblos están sumergidos en el olvido. Ahora, con esto del litio, algunos tienen trabajo y se quedan, pero sigue habiendo las mismas necesidades. Acá nada se soluciona, ni baños de primera hay, se sigue con letrinas”.

“Por una parte, todo mal porque se llevan todo de acá y queda poco beneficio para la comunidad. Después es buena [la opinión sobre la minería en la zona] porque nos da trabajo”.

En Bolivia, la lucha de las comunidades indígenas por el respeto a sus derechos territoriales ha sido determinante para frenar el avance inconsulto de los contratos de explotación del litio que el actual gobierno quiere avanzar sin el respeto a las medidas cautelares designadas por Juzgado de Colcha K. La adhesión popular expresada a través de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades Originarias del Norte de Lípez (CUPCONL) refleja una voluntad colectiva por proteger el territorio, la vida y los derechos fundamentales frente a proyectos extractivos. En respaldo a esta acción, se exige que se respete la medida cautelar, que ordena la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los proyectos de ley N° 170 y 197, así como la paralización de cualquier acción administrativa o de ejecución por parte de YLB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. (OTTO COLPARI CRUZ ES  DOCTOR EN SOCIOLOGIA CON ALTOS ESTUDIOS EN EL  EXTERIOR)