La controversia política se intensifica en Bolivia tras las recientes designaciones en el gabinete, que varios sectores sociales y analistas consideran como la evidencia más clara de un cogobierno encabezado por el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

Según múltiples voces críticas, la administración pública se habría convertido en una “agencia de empleos al servicio de Doria Medina”, debido a que varias autoridades estratégicas —entre ellas ministros y viceministros— habrían sido seleccionadas bajo su influencia directa.

El nombramiento de Wilson Santamaría en la Viceministrería de Coordinación Legislativa es citado como uno de los ejemplos más visibles de esa presunta injerencia.

Para estos sectores, la presencia de figuras vinculadas políticamente a Doria Medina confirma la existencia de una estructura de poder paralela que tendría mayor peso que el propio gobierno encabezado por Rodrigo Paz. Algunos analistas sostienen que el jefe de Unidad Nacional estaría “dirigiendo la arquitectura política y la toma de decisiones clave del Estado”, mientras que el presidente Paz quedaría en un rol secundario, limitado y dependiente.

Organizaciones sociales y parlamentarios opositores denuncian que esta supuesta relación de subordinación convierte a Paz en “un mandatario sin autonomía, atrapado por acuerdos políticos que benefician a actores privados antes que al interés nacional”. Asimismo, advierten que la creciente influencia de Doria Medina profundiza la percepción de un gobierno influenciado por intereses empresariales, debilitando la institucionalidad del país.

Desde el Ejecutivo no se han ofrecido explicaciones detalladas sobre el alcance real de la participación de Doria Medina en las decisiones de gobierno.

Sin embargo, la presión pública aumenta y diversos sectores exigen al presidente Rodrigo Paz esclarecer, de manera transparente y urgente, quién está ejerciendo realmente el poder político en Bolivia.