Las protestas más álgidas y recientes en Bolivia no cesan, pese a algunos anuncios del Gobierno de Rodrigo Paz.

Este martes 26 de mayo, la Policía y los manifestantes protagonizaron nuevos enfrentamientos, mientras las autoridades intentaban liberar una ruta.

Tras cuatro semanas de movilizaciones, se mantienen más de 50 bloqueos en cinco de los nueve departamentos del país.

Entretanto, un portavoz de la Presidencia confirmó que se registró un fallecido durante los choques del fin de semana.

Bolivia atraviesa una de las crisis sociales y políticas más delicadas de los últimos años. Este martes 26 de mayo, el país amaneció con al menos 62 puntos de bloqueo instalados en carreteras estratégicas de cinco de los nueve departamentos, en medio de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las movilizaciones causan desabastecimiento, enfrentamientos violentos y al menos un muerto en medio de las protestas, según reconoció recientemente el Gobierno en referencia a los enfrentamientos del fin de semana, así como cuatro fallecidos previamente por falta de atención médica debido a los bloqueos.

Las movilizaciones, iniciadas a comienzos de mayo y encabezadas principalmente por organizaciones campesinas, sectores afines al expresidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana, se han intensificado pese a los reiterados llamados al diálogo por parte del Gobierno.

No obstante, La Paz se mantiene como el epicentro de la crisis. Según el mapa de transitabilidad actualizado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento más afectado continúa siendo La Paz, donde permanecen activos 20 puntos de bloqueo. La región se ha convertido en el centro de las protestas debido a su importancia política y logística, ya que allí se encuentra la sede del Gobierno.

Las medidas de presión mantienen prácticamente cercadas a las ciudades de La Paz y El Alto, generando dificultades crecientes para el abastecimiento de combustible, alimentos y productos de primera necesidad.

Comerciantes y transportistas alertan sobre el incremento de precios en varios productos básicos de la canasta familiar, mientras largas filas de vehículos continúan formándose en estaciones de servicio.

A los bloqueos en La Paz se suman otros 14 en Cochabamba, 12 en Potosí, nueve en Oruro y dos en Santa Cruz. En contraste, las carreteras de Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija permanecen transitables.

El presidente Paz afirmó el lunes 25 de mayo que el Ejecutivo resolverá la situación y advirtió que “les caerá” la Constitución a quienes rechacen el diálogo y mantengan las medidas de presión.

EL GOBIERNO CONFIRMA UNA MUERTE TRAS OPERATIVO FALLIDO

En medio de la creciente presión social, el Gobierno boliviano reconoció que una persona murió durante los enfrentamientos registrados el fin de semana en el altiplano paceño.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que inicialmente se difundió información incorrecta al señalar que no existían víctimas mortales tras el operativo militar y policial ejecutado el sábado para desbloquear la carretera entre La Paz y Oruro.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte de Víctor Cruz Quispe, quien, según un informe forense difundido por medios locales, falleció por impacto de proyectil de arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.

Gálvez aseguró que los efectivos desplegados no portaban armas de fuego y que únicamente utilizaron agentes químicos de manera disuasiva. No obstante, indicó que la Administración de Paz impulsará una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una marcha que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la disminución de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 2026.

La muerte del manifestante provocó reacciones de diversas instituciones nacionales. La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto exigieron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos ocurridos durante el operativo del sábado.

Las organizaciones también expresaron preocupación por denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos y por la escalada de violencia en distintas regiones del país.

El operativo, denominado por el Gobierno como un “corredor humanitario”, buscaba restablecer el tránsito para permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto. Sin embargo, la intervención terminó suspendida tras fuertes enfrentamientos, quema de oficinas estatales y daños a vehículos que integraban el convoy.