La Fiscalía emitió la imputación formal en contra del ministro de Educación, Adrián Quelca, por el delito de incumplimiento de deberes  y solicitó su detención domiciliaria, en el marco de una denuncia por presunto tráfico de influencias en la designación de cargos directivos del sistema educativo.

La información fue proporcionada por el abogado Abel Loma, que patrocina a la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, quien presentó la denuncia respectiva.

Según la denuncia, el Ministro de Educación habría enviado instrucciones mediante WhatsApp al exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa, para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en el proceso de designación de cargos directivos. Por este caso, Tarifa ya tiene detención preventiva en el penal de San Pedro.

De acuerdo con el abogado querellante, el ministro Quelca, desde sus dos teléfonos (un particular y otro corporativo) procedió entre enero y abril de 2021, a enviar mensajes de WhatsApp a Tarifa para perjudicar o favorecer postulantes.

Señaló que Tarifa habría procedido a favorecer a unas 45 personas, en el marco de ese modus operandi. Dicho exfuncionario es acusado de enviar a los beneficiados los exámenes escritos antes de las pruebas.

En la imputación firmada por la fiscal Rocío Feraudi se señala que existen elementos de convicción suficientes para sostener que Quelca es, con probabilidad, autor o partícipe de hechos punibles.

También indica que se ha acumulado prueba documental referente al caso, como las conversaciones de WhatsApp entre Quelca y Tarifa, por lo cual se han secuestrado los equipos en cuestión.

Asimismo se argumenta que, de seguir libre, el imputado podría influir en forma negativa en testigos cuya declaración aún no se ha tomado.    

En ese marco, el Ministerio Público solicitó que el juez disponga para Quelca las siguientes medidas cautelares: presentación periódica cada diez días, obligación de no comunicarse con coautores y testigos, arraigo y detención domiciliaria.

Con la imputación se espera que el juez del caso fije una fecha para la audiencia de medidas cautelares.