A través de un video difundido, la todavía integrante de la Resistencia reveló que en el memorial presentado por Molina figurarían nueve ex y actuales autoridades o dirigentes. Entre ellos, Rómulo Calvo y Arturo Murillo.

“He visto la cara de un Judas al lado mío”. Con estas palabras, la integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Milena Soto se refirió a Yassir Molina y denunció que el entonces líder de la Resistencia “negoció su libertad” a cambio de brindar información sobre la participación de, al menos nueve ex y actuales autoridades y dirigentes, en la crisis social que atravesó Bolivia, entre septiembre y octubre de 2019.

“Tenemos ahora dos enemigos Bolivia, quiero que sepan: el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, y ahora este señor (Yassir Molina). Porque este señor está negociando por su libertad y por beneficio económico meter a personas y autoridades inocentes para hacer ver que en Bolivia hubo un golpe de Estado ¡Imagínense!, cuando sabemos que en Bolivia ha existido un fraude electoral y por eso él ha salido a la calle”, enfatizó Soto, a través de un video difundido en las redes sociales.

Con un memorial en mano, Soto reveló que en la lista figuran Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba; Diego Murillo, actual concejal de Súmate; y Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas de la Alcaldía valluna.

En la lista también existen dos “pesos pesados”: Arturo Murillo, ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez, y Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Todos ellos, además de Marcelo Piérola, expresidente del Comité Cívico de Cochabamba; Luis Terán; José Jorge Valda, exabogado de Molina y exasesor legal del Comité Cívico de Santa Cruz, “quien pretendió ocupar el cargo de fiscal general”; junto a Gualberto N., antes presidente de la Cámara de Transporte de Cochabamba.

Soto se preguntó si estas personas estuvieron en los destrozos ocurridos el 5 y 6 de octubre de 2020 en Sucre, razón por la cual hoy se la procesa junto a sus antiguos compañeros de la RJC, quienes fueron trasladados a la capital de Bolivia en las últimas horas.

“No, ninguno”, enfatizó, tras resaltar que Molina se comprometió a emitir información “fidedigna”, sobre el grado de participación y autoría de estas nueve personas en los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Soto aseguró que Molina se somete a un juicio abreviado y es un “testigo protegido”, a cambio de “llevarse a estas personas”.

El memorial fue enviado al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y a los ministros Eduardo Del Castillo (de Gobierno) e Iván Lima (de Justicia).

Melina Soto es acusada de protagonizar el pintarrajeado de paredes de la Fiscalía General en octubre de 2020; ella afirma que no participó en esa protesta porque estaba trabajando en Cochabamba

Milena Soto, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), acusada de protagonizar el pintarrajeado de paredes en la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020, dijo que no participó de esas manifestaciones porque se encontraba trabajando en oficinas de Migración en Cochabamba.

En su defensa, denunció que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó a la directora departamental de Migración, Gala Bustamante, borrar el registro su huella dactilar de toda una semana para hacer ver que estaba ausente de sus funciones.

“En 2020 trabajaba en la institución de Migración y fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que ordenó a la directora Gala Bustamante borrar mi huella dactilar de toda una semana, la prueba fundamental que demostraba que yo he trabajado; aun así, he demostrado con la firma de un centenar de personas a quienes yo he atendido y no podía abandonar porque estaba a cargo de arraigos y desarraigos”, sostuvo.

La activista dijo que ella no se someterá a un procedimiento abreviado, como lo ha solicitado Yassir Molina, porque afirmó que no estuvo presente esos días en las manifestaciones de la Fiscalía y menos cometió algún delito.

Agregó que Molina presentó memoriales solicitando proceso abreviado al Ministro de Gobierno, al Ministro de Justicia, al Fiscal General del Estado, que no tienen competencia en esa decisión sino el juez que tramita el proceso.