Expertos en política exterior ven tres derrotas para Bolivia tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el litigio con Chile por las aguas del Silala que establece que es un cauce internacional: la primera es haber sostenido un juicio sin controversia durante seis años, la segunda es el uso equitativo del Silala y tercera es la falta de compensación por el uso de las aguas.

Para el exdiplomático y exembajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio fue un error haber aceptado la demanda chilena sobre las aguas del Silala toda vez que Bolivia terminó coincidiendo con los argumentos presentados por Chile sobre el tema de fondo que era establecer si el Silala era un cauce internacional. Por lo tanto, no había controversia y era el momento preciso de iniciar una negociación.

Aparicio calificó de inadmisible haber continuado con el juicio ante la CIJ, ya que no había tema de discusión. “Hemos seguido un juicio sin tener una causa”, lamentó toda vez que la CIJ subrayó que “no está llamada a tomar ninguna decisión sobre la disputa entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala, ya que las partes están de acuerdo en que se trata de un cauce internacional”. 

El analista de asuntos internacionales Andrés Guzmán Escobari coincidió con Aparicio y señaló que en seis de los ocho puntos en discusión hubo coincidencias que frenaron la necesidad de un pronunciamiento, ya que Bolivia reconoció “que el caudal del río Silala tiene un curso de agua internacional”. Sin embargo, ve como positiva la postura boliviana porque los estudios pusieron en evidencia que el recurso hídrico es un cauce internacional.

Aparicio señaló que la CIJ de La Haya estableció de manera inapelable que el Silala es un cauce internacional y tanto Bolivia como Chile tienen derecho a su uso de forma equitativa y razonable, “por lo tanto Bolivia no puede afectar de ninguna manera a Chile ni viceversa”. 

Ahora hay certeza jurídica de que ambos países pueden usar equitativamente las aguas del Silala y cualquier movimiento que afecte al sistema debe ser consultado entre partes. “Esto significa que si Bolivia decide realizar cualquier obra civil en los canales que actualmente existen, debe tener el cuidado de no reducir el caudal que le llega al país vecino”, sostuvo Aparicio.

Sobre este punto, Chile ya había reconocido que Bolivia tiene derechos sobre la canalización instalada en las aguas del Silala, lo cual fue ratificado en el fallo. 

Haber tomado el camino del litigio en vez de la política exterior deja mal parada a Bolivia en relación a cualquier compensación sobre el uso de las aguas del Silala “tanto del pasado, presente o futuro” porque si bien existía la posibilidad de recibir pagos de Chile, ahora esa puerta está cerrada y “se elimina la posibilidad de cobrar una deuda histórica”, dijo Guzmán.

Recordó que, en 2009, el Gobierno de Chile ofreció pagar a Bolivia 6,2 millones de dólares anuales por el uso del 50 por ciento de las aguas del Silala mientras duren los estudios binacionales para definir el pago del 100 por ciento, pero el Gobierno del expresidente Evo Morales lo desestimó. 

Si bien no hay impedimentos para futuras negociaciones de carácter voluntario, ahora que existe el fallo de la CIJ, éstas deben estar sujetas al derecho internacional.

Guzmán aclaró que durante el litigio Bolivia no solicitó ningún tipo de compensación y por la tanto la CIJ no se pronunció al respecto.