Luego de la declaración que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó el pasado fin de semana sobre la movilización de uniformados de la policía peruana en el centro de Lima, mientras sindicatos y organizaciones sociales se concentraban en jornada de protesta contra la presidenta Dina Boluarte a pocas cuadras de distancia, el gobierno de este país declaró la noche del viernes al mandatario de los colombianos como “persona no grata”.

«Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», dijo en una declaración.

La moción fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones, lo que dio como resultado la declaración de «persona no grata a Gustavo Petro, presidente de Colombia» y exhorta al ejecutivo a que se «garantice» que el jefe de Estado colombiano «no ingrese al territorio nacional».

En respuesta, el parlamento peruano rechazó lo que considera «inaceptables declaraciones del señor Petro, que constituyen una ofensa a la Policía de Perú, a la República de Perú y, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío».

«Lo que estamos haciendo es defender a nuestra Policía Nacional (…) Nadie puede ofender a nuestra policía diciendo que son tropas nazis», expresó la congresista peruana Maricarmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pedro Castillo, expresidente de Perú, se encuentra recluido en una cárcel en Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Petro, junto con los gobiernos también de izquierda de México, Bolivia y Argentina, ha expresado su apoyo al destituido expresidente peruano.

La salida del poder de Castillo desató una ola de manifestaciones en Perú, en ocasiones violentas, que ha dejado al menos 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.

Desde la llegada al poder de Boluarte la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.