“Si va haber un amedrentamiento, un irrespeto a la independencia judicial, estamos por demás los operadores de justicia, y habría que cerrar los tribunales y el Órgano Judicial. Y dejemos al libre albedrío de algunas autoridades decidir el destino de los litigantes”. Así reaccionó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, ante la aprehensión del juez que otorgó medidas cautelares a tres imputados por el caso “Narcovuelo” en Santa Cruz.

Torres dijo que el TSJ emitió un pronunciamiento exigiendo a las entidades, organizaciones o grupos de poder cesar el amedrentamiento a los jueces.

“No puede el Órgano Judicial y sus operadores de justicia ser sometidos por ninguna otra entidad u órgano del Estado. Se ha visto en este hecho (la aprehensión de un juez) que alguna entidad ajena al Órgano Judicial, sea esta Policía, Ministerio Público u otro órgano del Estado, no puede interferir en la labor jurisdiccional que cumplen los jueces en Bolivia”, sostuvo.

Explicó que si alguien no está de acuerdo con el pronunciamiento de un operador de justicia puede impugnar la resolución pero no tomar acciones directas como ocurrió con la aprehensión del juez Manuel Baptista, lo cual viola la independencia judicial.

Aclaró que no respaldan los hechos irregulares e ilícitos de los jueces. Es más: rechazan las resoluciones o conductas que no estén apegadas al derecho, a la Constitución y a las leyes, en caso de haber conductas reñidas con la justicia, pero para investigar y sancionar estas conductas están las instancias llamadas por ley como el Consejo de la Magistratura, indicó.

Agregó que el Ministerio Público también puede intervenir en estas acciones, pero debe actuar garantizando el debido proceso.

“Repudiamos las acciones de amedrentamiento, de vulneración de la independencia, pero tampoco vamos a proteger a jueces que actúen contrarios a la Constitución y al derecho”, enfatizó.

Torres dijo que desconocen quien ordenó esta acción irregular de la aprehensión de un juez en Santa Cruz y ratificó que con esa actuación pretenden amedrentar la labor no solo de este juez, sino de todos los jueces bolivianos.

“Si va haber un amedrentamiento, un irrespeto a la independencia judicial, estamos por demás los operadores de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, habría que cerrar los tribunales y el Órgano Judicial, ahorrarnos el escaso presupuesto que tiene este órgano y dejar al libre albedrío de algunas autoridades para decidir el destino de los litigantes o de lo contrario respetemos la independencia judicial y ejercitemos el derecho y la Constitución garantizando a las partes un debido proceso”, puntualizó.

La autoridad denunció que este no es el primer caso de amedrentamiento a los jueces, hubo otros donde la conducta del Ministerio Público, sobre todo de algunos fiscales que hacen uso y abuso de las competencias que tienen en la función de la persecución penal que deben ejercer.