El Comité de Defensa de la Democracia (Conade), comités cívicos y plataformas ciudadanas llevarán adelante una serie de movilizaciones en rechazo al requerimiento de sobreseimiento del caso fraude electoral, el cese de la persecución política, además del conflicto de tierras en Santa Cruz. El Gobierno advierte con represión ante excesos que podrían darse durante las protestas.

Ante la intención del Ministerio Público de cerrar el caso fraude electoral con un informe cuestionado de un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, sectores de la sociedad civil determinaron demandar a esa instancia que revoque la solicitud de suspender este proceso. Toda vez que la pericia presentada no refleja la realidad de lo acontecido en los comicios generales del 20 de octubre de 2019.

Manuel Morales, representante del Conade, informó que, junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), participaron de la Asamblea de la Cruceñidad, instancia que se resolvió convocar a movilizaciones para la tarde del 5 de agosto en las ciudades capitales.

“Se pide la renuncia, separación o la dejación de su cargo del señor (Juan) Lanchipa por una manifiesta vulneración al Estado de derecho, a las normas, una parcialización y un intento de terminar con el caso ‘fraude’ cuando toda la población ha visto en carne propia el ‘fraude’ monumental que hubo en 2019”, afirmó Morales.

Piden también la reforma de la justicia con participación de la sociedad civil y el respeto pleno al estado de derecho y a las garantías constitucionales.

Asimismo, el Conade, mediante convocatoria pública, llama al pueblo a movilizarse para exigir el procesamiento y sanción de los autores, cómplices y beneficiarios del fraude electoral.

Las plataformas ciudadanas y los comités cívicos adelantaron marchas en rechazo al cierre del caso fraude electoral también para el 5 de agosto en siete regiones del país.

Guillermo Paz, representante de las plataformas, dijo que para el efecto  se coordinó con sectores de La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.

Para el 6 de agosto, adelantó que en La Paz los movimientos sociales realizarán actos de protesta frente al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en el que se desarrollará la Sesión de Honor en conmemoración a los 196 años de Independencia de Bolivia.

Paralelamente, la Asamblea de la Cruceñidad  resolvió respaldar la medida del Conade. Sostuvo que esta “acción de protesta ciudadana contra el intento de imponer la mentira del golpe de Estado será la primera de muchas acciones de calle hasta que la verdad sea instaurada y se reconozca el fraude electoral de 2019, los culpables sean sancionados y los perseguidos sean liberados”.

Sobre el conflicto por tierras, la Asamblea aprobó apoyar el bloqueo escalonado de caminos anunciado por cívicos en defensa de la Chiquitanía, que comenzará este 9 de agosto.

También definió rechazar la Ley 108 y la Ley de Emergencia Sanitaria, exige su abrogación.  Los legisladores de oposición resolvieron apoyar las medidas de presión en defensa de la tierra y territorio chiquitanos, por lo que manifestaron su apoyo al bloqueo de la carretera San José de Chiquitos y la vía férrea, anunciado para el siguiente 9 de agosto. Además, señalaron que desde su función legisladora exigirán la presencia de las autoridades del Instituto Nacional  de Reforma Agraria (INRA) en el Comité Agrario con el objetivo de analizar soluciones legales que frenen el avasallamiento de tierras.

Lamentaron que el Gobierno confronte a la región.

El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, dijo que también se adhieren a la marcha cívica Por la Democracia convocada para este 5 de agosto. El presidente del ente cívico cruceño, Rómulo Calvo, afirmó que “la lucha será hasta que la verdad sea instaurada y los culpables sancionados”.

La bancada de la alianza Creemos denunció el rechazo del Ministerio Público, en La Paz,  al apersonamiento de los legisladores en el caso fraude electoral y la impugnación al sobreseimiento irregular del caso, actuación que reitera el sometimiento del  Órgano Judicial al MAS.

El justificativo fue que los legisladores opositores no son parte de la demanda.

El Gobierno calificó de “abierta confrontación” la convocatoria, realizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), a movilizaciones en rechazo al cierre del caso fraude electoral que pretende la Fiscalía General y advirtió que actuarán con firmeza si existen excesos.

“Desde el punto de vista institucional, como Estado y como Gobierno, lo que vamos a hacer en principio es persuadir que deban entender que las  movilizaciones que están anunciando están llamando a una abierta confrontación, y si estas movilizaciones caen en el exceso, es decir, cometen hechos ilícitos, actos irregulares, actos ilegales, pues el Gobierno va a actuar de manera firme”, afirmó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, señaló que se pretende reavivar el regionalismo. “La actitud violenta nace no del departamento, sino de algunos dirigentes cívicos y el actual gobernador que está alentando con el tema de tierras el regionalismo”, dijo.