La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de Quillacollo acumuló el pasado año 23 casos relacionados con corrupción, e investiga a más de 40 funcionarios por supuestas irregularidades.

El director de la UTLCC, Mario Orellana, presentó el informe de su unidad con el trabajo realizado el año pasado, y con los casos y denuncias registrados entre enero y diciembre de 2021.

El trabajo incluyó un total de 62 denuncias. De esas, 18 corresponden a negativas injustificadas de acceso a la información, 29 son por posibles hechos de actos de corrupción, 10 tienen requerimiento preliminar y 5 otros temas.

Las denuncias admitidas referidas a posibles hechos de actos de corrupción sumaron 23. Dos corresponden a uso indebido de bienes y servicios del Estado, 10 están referidos a incumplimiento de deberes, dos son por peculado, tres por cohecho pasivo propio, uno es por contribuciones y ventajas ilegítimas, tres por concusión, uno por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y otro por uso indebido de influencias.

Orellana detalló que en cada caso investigan a un par de funcionarios, por lo que las indagaciones apuntan a más de 40 personas que trabajan en la Alcaldía quillacolleña.

Identificó como unidades “riesgosas” a aquellas en las que los funcionarios tienen mayor contacto con empresas y la población. Entre esas están contrataciones (a cargo de obras y servicios para el municipio), Intendencia, Recaudaciones, Catastro, Urbanismo.

“En esas instancias ya se han hecho directrices que pretendemos implementar como política municipal de lucha contra la corrupción”.

Para revertir esta situación, según explicó Orellana, se presentó una propuesta de proyecto de decreto edil para implementar una política de manejo de documentos y administración de archivos. Este documento plantea también sancionar “drásticamente” a los funcionarios públicos que “hacen perder” documentos. La autoridad se refirió a la posibilidad de que haya extravíos intencionales, entre otras irregularidades.

La sustracción de documentos no está tipificada en el Código Penal, pero suele relacionarse con el incumplimiento de deberes (que es el caso más reiterativo en las denuncias), porque “es deber” de los trabajadores municipales el manejo responsable de la información que se les confía de los ciudadanos, como fotocopias, testimonios de propiedades y otros, además de los documentos públicos que están a su cargo.

“Lo que se pretende es empezar a establecer las bases para identificar e individualizar a los servidores públicos responsables de los actos y, en primera instancia, someterles a procesos administrativos y, dependiendo de la gravedad, procesarlos en la vía penal”.

De acuerdo con el informe expuesto por la UTLCC de Quillacollo, se identificaron siete dificultades.

La primera es la falta de planificación de la gestión pública municipal, “siendo la regla general la improvisación”; la segunda es la falta de atención y respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios y contribuyentes; la tercera hace referencia a un manejo desordenado e inadecuado de la documentación y de los expedientes.

La cuarta dificultad son las irregularidades en los diferentes trámites y servicios relacionados con el incumplimiento de plazos, falta de procesos, procedimientos y de normativas específicas que regulan las funciones específicas de los servidores públicos municipales. La quinta es la falta de disponibilidad y desconocimiento absoluto de los servidores públicos de sus funciones específicas. Orellana manifestó que ya se recomendó que se encare una capacitación intensiva incluyendo la Ley del Procedimiento administrativo, que establece plazos, tiempos, formas de exigencia de requisitos, los efectos y mecanismos de impugnación, entre otros.

La sexta es la retardación de trámites administrativos, cuyas causales están relacionadas con la falta de capacitación de los servidores públicos, el exceso de trámites, la no proporcionalidad en la cantidad de personal responsable y principalmente la falta de uso de tecnologías de la información y/o modernización institucional. La séptima hace referencia a los indicios de corrupción, como el uso indebido de bienes y servicios públicos, cobros indebidos, la manipulación de información digital, cohecho, peculado, falsificación de boletas de autorización, incumplimiento de deberes y otros.