La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en la que denunció violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado boliviano en los juicios que enfrentó por su gestión como prefecto.

Como resultado de este proceso, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló 12 procesos en su contra, al considerar que correspondía un juicio de responsabilidades y no procesos ordinarios.

La decisión del TCP generó controversia en el ámbito político. El expresidente Evo Morales acusó a Reyes Villa y al presidente Luis Arce de haber pactado políticamente para lograr la anulación de los procesos.

En respuesta, el alcalde cochabambino negó cualquier acuerdo y afirmó que la CIDH intervino para garantizar el respeto a sus derechos.

“El Estado boliviano fue obligado a corregir una injusticia. No hay ningún pacto político, solo el reconocimiento de que se vulneraron mis derechos”, declaró Reyes Villa.

El Gobierno, a través del viceministro de Justicia, César Adalid Siles Bazán, también desmintió cualquier alianza entre Arce y Reyes Villa, asegurando que el fallo del TCP responde exclusivamente a criterios legales y constitucionales

La polémica continúa mientras sectores opositores y oficialistas debaten sobre el impacto de esta decisión en el panorama político boliviano.