La Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia en un pronunciamiento conjunto exhortaron al Gobierno y a la dirigencia cruceña, en conflicto por el censo, a retomar el diálogo, y convocaron a deponer actitudes hostiles.
“Exhortamos a las partes a retomar el diálogo de manera urgente y transparente, de cara al pueblo, donde se expresen las propuestas con respeto y sin afectar el derecho de los demás”, señala el pronunciamiento de las tres instituciones que expresaron su preocupación por el conflicto que se ha generado en torno a la demanda del Censo de Población y Vivienda.
Enfatizaron que tanto el Comité Interinstitucional y el Gobierno, por separado, expresaron la intención de encarar un diálogo “sincero y abierto, despojado de condicionamientos. Sin embargo, vemos con dolor que hasta ahora no se ha dado solución al conflicto”.
Más por el contrario, la situación que se ha vivido el fin de semana se ha cobrado una vida y ha ido generando una escalada de violencia entre la ciudadanía cruceña.
Las instituciones también convocaron a las partes a “deponer actitudes hostiles y apostar por la reconciliación, velando y protegiendo el bien mayor que es la vida”, dice otra parte de la posición de las instituciones.
El Comité Interinstitucional conjuntamente el Comité pro Santa Cruz han iniciado desde el sábado un paro indefinido, exigiendo al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 4760 y que se fije una fecha el 2023 para la realización del Censo de Población y Vivienda.
Sin embargo, el Gobierno plantea que ese proceso se realice en abril de 2024 y los resultados que sirvan para la redistribución de recursos en octubre de 2024.
“Apelamos a que las medidas asumidas no pongan en riesgo la libertad y la integridad de las y los bolivianos. El diálogo es el único camino de la concertación y la democracia, es la señal de construcción de una cultura de PAZ y TOLERANCIA”, sostienen.
