Domingo, 04 Diciembre 2022
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BOLIVIA: El Censo tiene enfrentados hace 30 días a sectores sociales y la oposición con el Gobierno

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El conflicto por la definición del censo y cómo se aplicarán los datos en la distribución de recursos y escaños parlamentarios de cara a las elecciones generales en Bolivia en 2025, tiene enfrentados hace 30 días a sectores sociales y la oposición con el Gobierno, al que le exigen que eleve a una ley la encuesta censal.

Desde el 22 de octubre, Santa Cruz, el motor económico del país, lidera un paro indefinido con el que inicialmente se pedía que el censo se realizara en 2023 y, luego de que el Gobierno definiera la fecha para marzo de 2024, exigen al Parlamento elevar a ley la encuesta nacional.

Además, entre las exigencias de Santa Cruz, a las que se han sumado gran parte de sectores cívicos, sociales y los partidos opositores, es que quede establecido que los "datos totales" se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.

El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012 y las leyes del país establecen que esa consulta debe realizarse cada 10 años.

El presidente Luis Arce anunció la madrugada del viernes 11 que el censo de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y que en septiembre de ese año, mes aniversario de Santa Cruz, "los recursos por coparticipación serán distribuidos".

En respuesta, el 13 de noviembre Santa Cruz celebró un multitudinario cabildo ciudadano en el que se estableció pedir a los "legisladores que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025" con las "cifras finales, no preliminares".

La exigencia de una ley parte de la "desconfianza" que se ha generado entre los líderes cruceños y varios representantes de las otras ocho regiones del país ante el manejo que el Gobierno le ha dado a este polémico tema y es una de las principales condiciones para levantar la huelga indefinida.

Inicialmente el censo estaba previsto para este 16 de noviembre, pero a mediados de este año el Gobierno lo postergó para 2024 bajo el argumento de "problemas técnicos" y la necesidad de "despolitizar" el proceso.

Otra cuestión que fue avalada en el cabildo fue la relación de Santa Cruz con el Gobierno central.

A la pregunta de que si "¿están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?, los participantes respondieron con un contundente sí.

Esta situación generó de inmediato el rechazo del Gobierno y de sectores oficialistas que ven intenciones de "separatismo" y reabrió un debate de larga data.

Desde hace años Santa Cruz exige que se cumpla con la autonomía administrativa, tal como se establece en la Constitución de 2009.

Los líderes cívicos señalaron que al no haber sido escuchados por el Gobierno buscarán alguna otra alternativa de "autodeterminación" aclarando que no han planteado un "federalismo" o "independentismo".

El lunes 21 de noviembre el Parlamento tratará finalmente los proyectos de ley que han presentado tanto legisladores oficialistas como opositores para plasmar en una norma nacional la fecha y los alcances de los resultados del censo.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jerges Mercado, convocó a una sesión plenaria para el lunes a las 17:00 hora local (21.00 GMT) a fin de brindar una "certeza al pueblo boliviano".

Mercado aseguró que se apoyará el "mejor proyecto" que ratifique el decreto presidencial que fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024 y que "se complemente con las garantías" de que los resultados" se aplicarán en las elecciones de 2025.

El anuncio de Mercado se da luego de las tensiones en la Asamblea Legislativa, donde tiene mayoría el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), ante la negativa oficialista de abordar un proyecto de ley consensuado por las bancadas opositoras con los sectores en huelga.

Por su parte, los poderes Electoral, Legislativo y Ejecutivo señalaron que "de manera coordinada" trabajan para garantizar que los datos del censo se apliquen en la distribución de recursos y la reasignación de escaños parlamentarios.

Durante estos 30 días de paro en varias jornadas se han registrado violentos enfrentamientos entre los sectores afines al Gobierno que rechazan la protesta y los grupos que la cumplen, que también acusan a la Policía de actuar en defensa de los oficialistas.

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