Luciana Campero destacó que el Movimiento al Socialismo (MAS), presidido por el exmandatario boliviano, lideró eventos y foros en Puno donde se buscaba “adoctrinar y entrenar a grupos de choque”. La congresista alertó sobre las coincidencias entre las movilizaciones en ambos países.
Según informes oficiales 23 de las 59 personas que perdieron la vida en el Perú, es producto de las manifestaciones y enfrentamientos a nivel nacional, pertenecían a localidades en Puno. La región del sur peruano fue protagonista, hace unas semanas, de una lamentable escalada de violencia en el país.
Políticos buscan comparar las características de las balas usadas en las marchas, entre otros elementos, con informes sobre decomisos y licitaciones de armamento en Bolivia. Se pidió ayuda a congresistas peruanos de oposición, según fuentes de Infobae, sin éxito.
Infobae conversó con Luciana Campero, diputada del partido boliviano Comunidad Ciudadana, quien ha denunciado desde hace años la presencia e injerencia del expresidente Evo Morales, a través de la citada provincia, en asuntos internos del territorio nacional.
Desde la última conferencia de prensa que ofreció la legisladora a inicios de enero, hasta la fecha, el Congreso peruano ya ha adoptado algunas medidas, entre ellas, declarar persona ‘non grata’ al líder de Runasur.
El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó a su vez una denuncia penal, ante la Fiscalía, donde acusa a Morales Ayma de presunta traición a la patria —a pesar de que este no cuenta con la nacionalidad— y por un presunto atentado contra “la integridad nacional”. —¿Encuentra similitudes entre las movilizaciones peruanas, violentas en muchos casos, con anteriores protestas en Bolivia?
Los autoatentados —en mi país se les llama así porque los del MAS pueden ir a quemar una comisaría, siendo ellos los que están en el gobierno e inculpar a la oposición—, la quema de instituciones públicas e incluso los gritos de los manifestantes peruanos que dicen que están a puertas de una guerra civil son los mismos que se han replicado en 2019 en Bolivia. Ese año, la gente del MAS intentó quemar gasoductos que estaban ubicados en la ciudad del Alto. Allá en Perú es el mismo actuar, prácticamente tienen las mismas características: se han quemado empresas grandes o privadas como aquí.
Creo que es el proyecto político de Evo Morales, lo que nosotros hemos estado viviendo en Bolivia, prácticamente lo están viviendo Perú ahora. La única diferencia es que ustedes han sabido hacerle frente a una dictadura instaurada por Pedro Castillo, actuaron rápido y, además, existe independencia de poderes todavía, lo cual es muy bueno.
Si este conflicto se hubiera dado después de una nueva Constitución, o un proceso constitucional ya aprobado que favorezca a Castillo, hubiese sido mucho más difícil poder frenar a un dictador como él y como Evo Morales. En Runasur, por ejemplo, no se realzan los derechos de los indígenas o de los campesinos, sino más bien se busca enaltecer la figura de los dictadores totalitaristas.
Hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, 48 civiles y un policía perdieron la vida debido a los enfrentamientos suscitados, mientras que otros once civiles fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras.
Frente a una nueva etapa de manifestaciones, con un saldo de 23 heridos solo en Juliaca (Puno), el último 9 de febrero, fuentes de Infobae señalaron que diputados bolivianos cuentan con documentación sobre armamento —balas, proyectiles y otros— que presuntamente se envió de forma irregular al Perú para, posterior a ello, usarse en contra de los manifestantes en las semanas críticas que enlutaron al país.
Infobae pudo conocer que se tienen dos informes sobre licitaciones y compra directa de armamento, durante la gestión del presidente Luis Arce (Bolivia), así como otro documento sobre el decomiso de una carga con el mismo contenido.
“Se evidenció una compra del gobierno boliviano, en diciembre del año pasado, de más de un millón de municiones que se han comprado al Brasil”, indicaron.
Se precisó, además, que los mencionados datos se obtuvieron durante el transcurso del desarrollo de los conflictos en el Perú, en consulta con plataformas gubernamentales como el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) de Bolivia.
“Muchas veces sucede que al denunciarse [un caso de] corrupción en específico (...) con base a la información que ellos mismos [el gobierno boliviano] sube, luego la bajan [de la plataforma]. Entonces, toda la información [sobre este caso] ya la tienen archivada y guardada”, comentaron.
En otros detalles, también se destacó que existen “grandes cantidades” de balas reportadas “que no se utilizan para prácticas militares, sino unas que pueden usarse para generar algún tipo de daño físico o incluso la muerte de civiles”.
“Si no son las balas de una de las compras, que son de cierto milimetraje, pueden ser las famizadas [reportadas en el] 2020 o la compra que hubo en enero del 2022 con otras [características]”, agregaron.
Al menos dos congresistas de la oposición en el Perú fueron contactados por sus pares bolivianos, hace aproximadamente dos semanas, para solicitarles ayuda al respecto. Dicho pedido no fue respondido hasta el cierre de esta nota, según se indica.
Los informantes precisaron que se buscaba, a través de las bancadas en el Congreso peruano, un informe del Ejecutivo sobre las características, milimetraje, etc. de las balas usadas y reportadas en el territorio nacional durante las movilizaciones.
Este documento serviría para contrastar la información que se tiene en el país vecino con la recogida por el Gobierno de Dina Boluarte. De esta manera, se señala, se podrían determinar posibles responsabilidades de Evo Morales o Luis Arce —de quienes sospecha la oposición boliviana— en esta situación.
El titular de la Comisión de Defensa y congresista de Avanza País, Diego Bazán, negó conocer esta denuncia tras ser consultado por este medio. También se intentó recoger los comentarios de los legisladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular), sobre este tema, pero no se recibió respuesta.
Infobae también se comunicó con la diputada boliviana Luciana Campero, quien pertenece al grupo de representación política Comunidad Ciudadana: organización a la que se le atribuye contar con la documentación antes descrita.
La funcionaria confirmó que existen los documentos mencionados, pero evitó ofrecer más detalles al respecto y aseguró que todo se encuentra en investigación. Campero también afirmó que existe una comunicación con algunos parlamentarios, sin embargo, optó por no confirmar la identidad de ninguno de ellos.
