El gobierno de Bolivia convocó el lunes al embajador de Argentina en La Paz para hacerle conocer su malestar y rechazo a las declaraciones de la oficina del presidente argentino, que calificó de “falsa denuncia de golpe de Estado” en Bolivia al levantamiento militar que tuvo lugar en el país andino la semana pasada.
A su vez, la canciller interina de Bolivia, María Nela Prada, dijo en una declaración de prensa que el presidente Luis Arce ha llamado a consultas al embajador boliviano en Buenos Aires.
Más temprano Prada leyó un comunicado que emitió la cancillería boliviana en el que calificó de “inamistosas y temerarias” las declaraciones de la oficina del presidente argentino Javier Milei.
En ese comunicado lamentó “que intereses políticos internos y externos... una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado de Bolivia”.
Antes que el gobierno de Milei, el expresidente boliviano Evo Morales acusó al mandatario Arce de engañar al pueblo boliviano, al orquestar un “autogolpe” con el fin de ganar puntos políticos entre el electorado en medio de disputas en el partido de gobierno con miras a los próximos comicios.
“Lucho (Luis Arce) faltó el respeto a la verdad, nos engañó, mintió, no sólo al pueblo boliviano sino al mundo entero”, indicó el exgobernante (2006-2019) en su programa dominical difundido por la radio Kausachun Coca.
“La oficina del presidente de Argentina repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el miércoles 26 de junio, y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, señaló un comunicado de prensa de la oficina del presidente publicado el domingo en la red social X.
“Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la seguridad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”, añadió la presidencia argentina.
Y continuó afirmando que "hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras”.
El comunicado de la cancillería boliviana calificó tales aseveraciones de “desinformadas y tendenciosas”, lo cual “constituye un exceso y un negacionismo inaceptable", al tiempo que reclamó “respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros Estados de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”.
El miércoles de la semana pasada el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acompañado del comandante de la Armada, Juan Arnez, irrumpió con una tanqueta militar en el palacio presidencial. Arce lo encaró ante lo cual el militar alzado replegó a los soldados fuertemente armados.
Antes de ser detenido Zúñiga dijo que el propio mandatario le había pedido una acción de esa naturaleza para levantar su popularidad, pero no presentó pruebas. Desde ese momento la duda se instaló en los bolivianos.
Hasta el fin de semana han sido detenidos 21 militares, varios de ellos jubilados, y un civil. Los principales cabecillas, entre ellos Zúñiga, fueron enviados a la cárcel en prisión preventiva mientras son investigados por alzamiento armado y terrorismo.
A su vez el expresidente Carlos Mesa (2003-2004) eprestó este lunes sus temores de que el gobierno utilice el caso “como pretexto para desatar una nueva persecución a la oposición”.
Bolivia y Argentina comparten una extensa frontera, tienen lazos históricos comunes y siempre han mantenido una buena amistad y cooperación. El vecino país es uno de los compradores de gas natural boliviano.
