Cochabamba, noviembre de 2025. — La imagen institucional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atraviesa uno de sus momentos más críticos.
En redes sociales y espacios de análisis político se multiplican las denuncias que apuntan a la Unidad de Transparencia de la estatal petrolera, señalada por presuntamente encubrir varios casos de corrupción en lugar de investigarlos.
De acuerdo con distintas versiones difundidas por analistas y plataformas digitales, funcionarios de la Dirección de Transparencia habrían omitido o frenado procesos internos relacionados con hechos irregulares, entre ellos el caso de venta ilegal de diésel en Riberalta (Beni), que actualmente está bajo investigación del Ministerio Público.
Estas acusaciones surgen luego de la salida del anterior presidente de YPFB, cuya gestión fue fuertemente cuestionada, y del relevo de varios gerentes de área.
En este contexto, la ciudadanía y sectores sociales exigen una auditoría integral y la intervención directa del Gobierno para esclarecer los posibles actos de corrupción y determinar responsabilidades.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, junto con la actual presidencia de YPFB, anunció que la empresa coadyuvará con la investigación fiscal y que se procesará a todos los funcionarios involucrados.
Sin embargo, el clima de desconfianza crece entre la población, que percibe una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la administración de la empresa más importante del país.
Observadores económicos advierten que la crisis institucional de YPFB no solo es administrativa, sino estructural, y que la pérdida de credibilidad podría afectar la gestión energética y la captación de inversiones en el sector hidrocarburos.
La ciudadanía demanda que el Gobierno impulse una reestructuración profunda dentro de YPFB y que la Unidad de Transparencia sea auditada por instancias independientes, a fin de recuperar la confianza en una empresa estratégica que, por su naturaleza, debe ser ejemplo de eficiencia y ética pública.
