El "Informe de violaciones a derechos humanos cometido por el gobierno de Luis Arce en Bolivia" que 23 organizaciones de la sociedad civil entregaron a la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide, entre uno de sus cuatro pleitos, investigar tres muertes de civiles que sucedieron durante el gobierno de Luis Arce.
"De manera particular, se solicite al Estado de Bolivia, informe sobre las graves violaciones cometidas en contra de los señores: Marco Antonio Aramayo, Erwin Chávez y Juan Carlos Manuel Huallpa, los cuales perdieron la vida por acción y omisión de agentes estatales. El primero, falleció en la cárcel de San Pedro luego de habérsele iniciado 256 procesos por el caso Fondo Indígena, siendo el denunciante; el segundo, víctima del uso excesivo de la fuerza letal contra la protesta social en Santa Cruz en enero de 2023; el tercero a partir de su ingreso a la clandestinidad en diciembre de 2021, en razón del uso indebido del derecho penal en su contra al ser percibido como disidente político", indica el segundo pliego del informe.
La mañana del viernes pasado, las 23 organizaciones sostuvieron una audiencia virtual con la presidente de la CIDH, Julissa Mantilla, para presentar un conjunto de denuncias sobre las vulneraciones a los derechos humanos durante el actual gobierno de Luis Arce que inició en noviembre del 2020.
"Hemos pedido que se abra un proceso de investigación de la gestión de Luis Arce del 2020 al 2023, es decir un GIEI 2", dijo Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), organización que también participó de la audiencia.
Las otras tres determinaciones piden: iniciar el trámite de investigación sobre las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos denunciados en este documento por parte del Estado Boliviano, que se cometieron en el marco temporal de marzo de 2021 a febrero de 2023; realizar una visita "in situ" para verificar y evaluar en terreno la situación en que se encuentra el sistema judicial del Estado y la organización de las elecciones de magistrados programada para el mes de octubre de este año; y, conformación de una Comisión de la Verdad o Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pueda construir una memoria, verdad y justicia del proceso de vulneración de derechos humanos que vivimos en Bolivia en la democracia formal desde 2006 a la fecha.
En las últimas semanas se conocieron tres lecturas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano. Las denuncias sobre los distintos casos de vulneración a los derechos humanos por parte del Gobierno cada vez son más frecuentes y de a poco van saliendo las sentencias internacionales.
