El Ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que el sistema de vigilancia aérea en Bolivia funciona de forma “parcial”. Además, anunció auditorías debido a irregularidades en el contrato firmado durante el gobierno de Evo Morales.

En los últimos tres años, el control aéreo boliviano ha operado con limitaciones críticas. Según Salinas, solo uno de los dos radares actualmente activos logró detectar 4.200 vuelos irregulares en la región fronteriza con Brasil y Paraguay.

Estas incursiones aéreas se atribuyen directamente a actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.

El equipo que captó estos movimientos está ubicado entre La Paz y Beni. Este radar es uno de los pocos operativos de un lote de nueve radares adquiridos a Francia en 2015.

Salinas precisó: “Se ha detectado que la trayectoria es Brasil y Paraguay. Eso se detectó mediante uno de esos radares”.

De los nueve radares destinados a la vigilancia, el Gobierno admite que solo funcionan dos, enfocados únicamente al control civil del espacio aéreo.

El resto de los equipos, distribuidos en departamentos como Santa Cruz, Beni y Cochabamba, se encuentran fuera de servicio.

Salinas cuestionó duramente la modalidad de contratación “llave en mano” empleada hace 11 años.

Señaló que no se garantizó un esquema de mantenimiento adecuado y denunció que el contrato original sufrió siete modificaciones legales injustificadas, lo que ha dejado al sistema en una situación de incertidumbre técnica.

Ante este escenario, el Ministerio de Defensa activó una serie de auditorías técnico-legales. Estas evaluarán el estado real de los equipos, el precio pagado y las condiciones del contrato con la empresa francesa Thales Air Systems.

Aunque Salinas evitó individualizar responsabilidades hacia exautoridades de forma inmediata, confirmó que los informes finales serán remitidos al Ministerio Público. “Estamos investigando hechos y cronologías para establecer responsabilidades con elementos sólidos”, afirmó.

La revisión del sector defensa también ha reactivado investigaciones históricas. Estas incluyen la compra de barcazas chinas iniciada en 2009 y la adquisición irregular de dos aeronaves, una de las cuales nunca llegó al país tras siete años de pago.

Finalmente, el ministro informó sobre un cambio de doctrina en las Fuerzas Armadas. Destacó el cierre de la “Escuela Antiimperialista”, que ahora funcionará como la Unidad Militar Ecológica y de Emergencias (UMEE), eliminando el sesgo ideológico de la gestión anterior.