La audiencia de Marco Pumari está en cuarto intermedio. Al terminar los alegatos, el Ministerio Público ha pedido que se determine que el ex presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, sea detenido preventivamente por seis meses en la cárcel de San Pedro, de La Paz, mientras que la defensa ha planteado que, al no existir riesgo de fuga, se defienda en libertad o, en el peor de los casos, bajo alguna medida sustitutiva a la detención preventiva.

La posición de la Fiscalía ya estaba redactada e incluso una copia fue filtrada al diario La Razón, que es afín al MAS, pero este no lo publicó, sino que lo hizo la cuenta denominada "La Ventana" que, sin embargo, cita a La Razón.

El abogado que defiende a Pumari por encargo de Comcipo, Rafael Montoya, confirmó el pedido de la Fiscalía y lo criticó porque, según dijo, no haría falta más que 15 días para la producción de prueba, si es que la Fiscalía tiene suficiente respaldo para afirmar que Pumari cometió los delitos que le endilgan. Según el memorial de acusación, que fue la base para esta audiencia, Pumari es acusado de "delitos electorales".

Montoya dice que ha presentado la prueba suficiente de que Pumari tiene empleo estable y una familia establecida en Potosí, razón por la que tiene un arraigo natural que anula el riesgo de fuga. Debido a ello, puede defenderse en libertad y aún puede fijarse medidas alternativas a la detención preventiva como la firma periódica en la Fiscalía o el arresto domiciliario.

Terminado el cuarto intermedio, el juez Raúl Ademar Barriga emitirá resolución.

Cuatro horas después de su inicio, cerca de las 20:00, la audiencia de medidas cautelares de Marco Antonio Pumari en Llallagua entró en cuarto intermedio. Mientras la Fiscalía solicitó al juez Raúl Ademar Barriga seis meses de detención preventiva para el exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la defensa aseguró que no existían riesgos procesales, por lo que pidieron libertad irrestricta.

Pumari fue aprehendido entre el jueves en la noche y el viernes en la madrugada, por su presunta implicación en la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí en 2019. En concreto, la Fiscalía lo investiga por los delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro a bienes del Estado y obstrucción.

Tras un primer momento en el que se desconocía su paradero, el exlíder cívico fue trasladado a la localidad de Betanzos para prestar declaración. Allí se acogió a su derecho al silencio y este sábado fue llevado al municipio de Llallagua para la audiencia de medidas cautelares.