Quillacollo, 15 de enero de 2026 – Una ola de indignación sacude al municipio de Quillacollo. El actual alcalde, Héctor Cartagena Chacón, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser señalado por diversos sectores sociales de incumplimiento de deberes y una supuesta "complicidad pasiva" que estaría impidiendo que los responsables del millonario desfalco del Plan Maestro de Agua Potable pisen la cárcel.
A pesar de que el daño económico al municipio supera los 64 millones de bolivianos por un proyecto que dejó a miles de familias sin agua durante décadas, la gestión de Cartagena es acusada de dilatar los procesos judiciales y no actuar como parte querellante con el rigor necesario para lograr sentencias ejecutoriadas contra los exalcaldes sentenciados.
Las claves del escándalo: Protección a "Candidatos de la Corrupción": Mientras exautoridades sentenciadas como Charles Becerra hacen campaña abierta para 2026, la Alcaldía es criticada por no haber impulsado la ejecución de mandamientos de aprehensión, permitiendo que quienes "saquearon" el presupuesto del agua sigan libres y activos políticamente.
Omisión de Fiscalización: Organizaciones vecinales denuncian que Cartagena ha evitado auditar las fases finales del proyecto, lo que facilitaría la prescripción de delitos de sus antecesores. "¿Por qué el alcalde calla ante el cobro de obras fantasma?", cuestionan los dirigentes.
Tuberías de "Papel": Se acusa a la actual gestión de intentar "parchar" un sistema de alcantarillado inservible para ocultar las irregularidades del pasado en lugar de denunciar penalmente el uso de materiales de pésima calidad que ya han colapsado antes de ser estrenados.
"Un pacto de impunidad": Representantes de los distritos afectados aseguran que existe un "pacto de silencio" entre la actual administración y los antiguos clanes políticos de Quillacollo.
"Cartagena no solo incumple su deber de defender el patrimonio de Quillacollo, sino que se convierte en el escudo de los corruptos", declaró un representante del Comité Cívico local.
La población exige que la Procuraduría General del Estado intervenga de oficio ante la inacción municipal y que se inicie un proceso penal inmediato contra Héctor Cartagena por encubrimiento y conducta antieconómica, al permitir que el caso más grave de corrupción en la historia de la provincia quede en la nada..
¡Quillacollo no olvida! El agua es un derecho, no el botín de una mafia protegida desde la alcaldía
