VINTO, COCHABAMBA – La indignación ha desbordado la paciencia de los ciudadanos en el municipio de Vinto.
En las últimas horas, diversos sectores sociales, juntas vecinales y organizaciones cívicas han alzado la voz para repudiar la gestión del actual alcalde, Alfredo Lucana Ramos, a quien acusan de haber convertido la administración municipal en una "agencia de empleos familiar" y de traicionar sus principios políticos para perpetuarse en el poder.
Las denuncias apuntan a que la comuna está siendo administrada por un círculo cerrado que incluye a numerosos familiares de la autoridad, lo que ha derivado en una supuesta red de nepotismo que asfixia la transparencia institucional.
"Vinto no es una hacienda particular. Mientras los jóvenes profesionales del municipio no tienen oportunidades, el alcalde llena las oficinas con sus parientes", afirmó un dirigente vecinal que pidió reserva por temor a represalias.
A esto se suma un profundo cuestionamiento por negligencia administrativa. La falta de obras de impacto, el descuido en los servicios básicos y la aparente malversación de fondos han dejado a Vinto en un estado de estancamiento que la población ya no está dispuesta a tolerar.
El punto que ha colmado la paciencia de la sociedad es la reciente declaración de Lucana como candidato para las próximas elecciones subnacionales bajo una sigla política distinta. Cabe recordar que Alfredo Lucana llegó al poder como un férreo seguidor de Evo Morales y representante del Movimiento al Socialismo (MAS).
Para los ciudadanos, este cambio de bandera no es más que un acto de transfugio político y oportunismo.
"Es una falta de ética total. Usó al MAS para subir y ahora que las aguas están turbias, salta a otro barco solo para no soltar el cargo. Es un traidor a sus bases y a quienes confiaron en un proyecto", señalan las críticas que circulan en redes sociales y cabildos locales.
La sociedad civil organizada ha advertido que no permitirá que la campaña electoral del alcalde se financie con recursos municipales. Exigen de manera inmediata: Una auditoría externa a la gestión de contrataciones de personal. La intervención de la Contraloría por presuntos hechos de corrupción y el cese del uso de bienes públicos para fines proselitistas.
La tensión en el Valle Bajo crece, y los sectores sociales no descartan medidas de presión y movilizaciones hasta que el alcalde responda por las acusaciones de convertir la Alcaldía de Vinto en un botín político y familiar.
