Uyuni, Potosí – julio de 2025.- El gobierno boliviano enfrenta una ola de críticas por intentar forzar la firma de un contrato de explotación de litio en el salar de Uyuni, presuntamente con una  Empresa Hong Kong CBC Investment Limited de China.

Diversos sectores sociales, cívicos y políticos han expresado su rechazo frontal al acuerdo, calificándolo como una traición a la soberanía nacional y una amenaza al recurso natural más estratégico del país.

La polémica gira en torno a la falta de transparencia en las negociaciones, el apuro con el que se pretende cerrar el trato y los intereses transnacionales que, según denuncian varios actores, estarían detrás del negocio.

Las críticas apuntan directamente al Gobierno central, acusado de actuar en complicidad con empresarios privados y de continuar con una política extractivista sin beneficio real para el pueblo boliviano.

“El litio es nuestro oro blanco, y ahora quieren entregarlo a intereses chinos sin siquiera consultar al pueblo. ¿Dónde quedó el discurso de la nacionalización y del control soberano de nuestros recursos?”, cuestionó el dirigente cívico potosino Rubén Arancibia, durante una movilización en la ciudad de Uyuni.

El contrato en cuestión forma parte del ambicioso plan estatal para industrializar el litio, sin embargo, expertos han advertido que el apuro del gobierno podría estar vinculado a presiones económicas externas y al agotamiento de las reservas fiscales, sumado al fracaso de anteriores intentos de industrialización con empresas chinas y rusas.

Organizaciones sociales y campesinas de Potosí han anunciado marchas, bloqueos y un cerco al salar de Uyuni si se concreta la firma del contrato sin una consulta pública.

Por su parte, parlamentarios de oposición denuncian que el negocio del litio se ha convertido en un botín político y que los denominados “falsos socialistas” buscan saquear la única riqueza natural que aún queda en manos del Estado.

“El litio no puede ser manejado con la lógica del saqueo ni con contratos redactados entre cuatro paredes. Bolivia necesita un modelo de explotación responsable, transparente y que beneficie primero al pueblo y no a los empresarios chinos ni a los burócratas de turno”, afirmó el diputado independiente Marco Callata.

A medida que se intensifican las protestas, crecen las dudas sobre quién se beneficiará realmente del litio boliviano, mientras la mayoría de la población sigue sin acceso a los detalles técnicos y legales del contrato.

La presión social podría obligar al Ejecutivo a replantear el acuerdo, o de lo contrario, enfrentarse a una nueva ola de convulsión en el país.