El Gobierno de Bolivia, usa al Poder Judicial  y los Fiscales para “liquidar” a los líderes políticos que tienen influencia en la sociedad, según el sociólogo Zenón Padilla y estudioso de la política nacional. Anoto que hay abuso del sistema de justicia para perseguir a opositores y meterlos a la cárcel con o sin justificación.

Padilla dijo que la injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. Durante sus casi 14 años en el poder de Evo Morales, la fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas.

En Bolivia hay alcaldes y gobernadores que “están desarrollando una labor interesante en favor de los ciudadanos marginados por el anterior sistema político, que solo se llenaron de discursos antes que solucionar los problemas de pobreza, marginal y saqueo de recursos naturales.

Varios alcalde de Bolivia, están siendo presionados de forma pública de parte de los fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, dijo.

Padilla manifestó que el nuevo Gobierno de Luis Arce Catacora, por presiones del exmandatario de Bolivia, inventa juicios contra los líderes políticos progresistas que buscan el desarrollo del país y arman delitos que nunca existieron. “No es posible que el Poder esté en manos de uno cuantos vivillos que solo buscan el enriquecimiento personal”, acoto.

El sociólogo Cochabamba, pide al Fiscal General realizar “una purga” en la fiscalía y advirtió que las actuales autoridades del Poder Judicial, solo se  dedicaron “perseguir”, políticos notables y están “liberando a delincuentes”, una amenaza que entraña un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia.

Human Rights Watch viajó a Bolivia en febrero de 2020 para analizar la situación política. Realizó más de 80 entrevistas en el país y posteriormente. En total, ese entrevisto a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora del pueblo Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultaron miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos.

Human Rights Watch no analizó todas las investigaciones contra exmiembros del gobierno de Morales y simpatizantes, en los 21 casos que se analizaron, algunos de ellos contra personas de alto perfil, se detectó evidencias de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

En febrero de 2020, Human Rights Watch también tuvo acceso al expediente completo de la investigación de la fiscalía sobre Morales bajo sospecha de terrorismo y financiamiento del terrorismo. La fiscalía emitió una orden de arresto en su contra en diciembre de 2019 y le imputó en julio de 2020.

Además de examinar el expediente, que constaba de más de 1.500 páginas, Human Rights Watch entrevistó a una fiscal que estaba trabajando en el caso en ese momento, así como a otro fiscal que había trabajado en la causa previamente y al fiscal departamental de La Paz, donde está radicada la causa. Las autoridades bolivianas no han presentado públicamente pruebas adicionales en la causa por terrorismo contra Morales desde febrero de 2020.

El abogado y sociólogo cochabambino señalo que existen recomendaciones de organismos internacionales sobre la política en Bolivia

El Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias.

Los fiscales y los jueces deben velar por que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas acusadas de delitos, con independencia de las presiones que puedan recibir del gobierno de turno. Deberían poner fin al uso excesivo de la prisión preventiva y utilizarla sólo como medida excepcional, en vez de como norma, en consonancia con el derecho boliviano y los estándares internacionales. Esto cobra particular importancia en el momento actual, ante la grave amenaza que el Covid-19 representa para quienes están en las prisiones y cárceles con altísimo nivel de sobrepoblación en Bolivia. Las autoridades deberían considerar la posibilidad de liberar a personas detenidas acusadas de delitos no violentos mientras estén a la espera de un juicio, incluyendo aquellas que tengan vínculos con la gestión de Morales.

Por último, el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberían disponer la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conforme lo acordaron ambas partes en las conversaciones mantenidas en diciembre de 2019 y marzo de 2020, para investigar de manera exhaustiva los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.