El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, dijo hoy que: "tenemos magistrados y jueces que responden a consignas políticas y resuelven los casos sobre criterios subjetivos, sobre simpatías y antipatías, sobre afinidades políticas”.

Menciono que “las llamadas telefónicas de Palacio de Gobierno, las instrucciones desde el Ministerio de Justicia imperan más que las normas de la Constitución, las leyes y la verdad material de los hechos", afirmó el jurista.

El abogado Rivera asevero que la justicia boliviana está amarrada a los intereses políticos de los gobernantes de turno, por eso se inventan procesos, acusan a líderes políticos y meten a la cárcel a quienes no responden a su designios políticos.

El abogado constitucionalista afirmo que la justicia en Bolivia no es independiente y acelera sus procesos judiciales contra alcaldes, gobernadores y líderes cívicos de oposición.

Según Rivera: "hay una ausencia de transparencia, los ciudadanos no tenemos acceso a una información fluida, objetiva, transparente de la organización, el funcionamiento de la administración y la impartición de la justicia (...). Los procesos son públicos según la Constitución, sin embargo, los jueces y magistrados ponen obstáculos al acceso a los expediente, jueces y fiscales en materia penal decretan la reserva; hay permanentes denuncias de corrupción y manipulación que no son investigados ni sancionadas.", acoto.

Remarcó que en materia constitucional donde está en juego los derechos constitucionales y humanos de las personas, una acción de libertad debía ser despachada en 30 días hábiles, pero en la práctica se está despachando en un año y medio, entonces "hay una crónica retardación de justicia".

Dijo que un proceso penal como máximo debería demorar tres años, sin embargo en la actualidad lleva más de 10 años, mientras que en material civil un juicio que ahora lleva un promedio de 12 años debería ser solo dos años.

"Se cree que la justicia tarda, pero llega. Si llega tarde ya no es justicia, simplemente es injusticia” explicó.

Rivera afirmó que el Órgano Judicial está sumido en una profunda crisis estructural que se caracteriza por la ausencia de la dependencia de jueces y magistrados, que en algunas situaciones responden a consignas políticas para resolver los casos.

Agregó que los jueces que son denunciados por corrupción y responden al sistema oficialista no son objetos de investigación ni de procesos ni sanciones.

"Hay una permanente violación a los derechos humanos, primero el acceso a la justicia, Bolivia que tienen 339 municipios apenas 180 municipios cuentan con juzgados el resto carece de un sistema judicial", indicó.

Por otro lado, el profesional aseguró que no se respeta el derecho a la presunción de la inocencia.

"Se presume la culpabilidad especialmente en esta persecución con fines políticos desplegados contra líderes políticos, ciudadanos que tienen una opinión contestataria y critica respecto al régimen. Las cárceles están llenos de detenidos preventivamente, de cada 100 presos, 80 están con detención preventiva no con sentencia condenatoria ejecutoriada, no se respeta el derecho al debido proceso y la defensa se permite juzgar", argumentó.

Indicó que hay "mala calidad del servicios", donde los jueces dictan fallos totalmente "inmotivados sin sustentos ni una correcta valoración, fallos donde no nos explican ni nos dan razones porque están decidiendo. Tenemos un Órgano Judicial que no cumple el rol ni el papel para resguardar el estado de derecho, estamos transitando de un estado democrático a uno autocrático", finalizó.