La Paz, Bolivia. — El país vive una creciente indignación ante lo que distintos sectores califican como el mayor pacto de impunidad de la historia democrática reciente: la protección política, policial y judicial que rodea al expresidente Evo Morales.

Pese a múltiples denuncias públicas y a cuestionamientos de carácter grave, ninguna institución del Estado se atreve a tocarlo, y su figura continúa blindada bajo un manto de poder, influencias y silencios.

El Estado mira para otro lado mientras Evo se atrinchera en Lauca Ñ: Mientras ciudadanos comunes enfrentan procesos exprés por delitos menores, Evo Morales permanece inamovible en su cuartel sindical de Lauca Ñ, donde opera con total libertad y autoridad, como si se tratara de un territorio donde la ley no entra.

La Policía no actúa. La Fiscalía no investiga con seriedad. El Órgano Judicial evita pronunciarse. El Gobierno, lejos de exigir justicia, le abre mesas de diálogo.

Para muchos, este comportamiento coordinado no es casual: responde a una protección política deliberada, impulsada por el miedo, la conveniencia o los acuerdos bajo la mesa.

Un doble estándar que indigna al país: Las organizaciones sociales denuncian que Bolivia vive bajo una justicia selectiva, que distingue entre ciudadanos de primera y ciudadanos sin poder: Para Evo Morales, todo es diálogo, negociación y trato preferente.

Para el resto, procesos acelerados, detenciones preventivas y castigos inmediatos.

La situación es tan evidente que analistas aseguran que Morales se ha convertido en “el único boliviano al que la justicia no puede tocar”, un privilegio que ningún otro ciudadano posee.