En Bolivia, el discurso oficial contra la corrupción vuelve a ocupar titulares, luego de que el presidente y el vicepresidente denunciaran públicamente distintos actos irregulares en la administración de los asuntos públicos.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con un escenario donde, hasta hoy, ningún funcionario de alto rango de los últimos años enfrenta procesos efectivos, menos aún detenciones o sentencias, por delitos que habrían afectado al Estado boliviano.

A pesar de la insistencia de algunas autoridades, como Edmand Lara, quien frecuentemente arremete en sus discursos contra los corruptos, los resultados son prácticamente nulos.

Las palabras no se traducen en acciones, investigaciones profundas ni avances concretos que permitan identificar a los responsables de los presuntos desfalcos y malos manejos en distintas instituciones públicas.

La ausencia de procesos firmes alimenta la percepción de una protección política que envuelve a las más altas esferas. Ni el expresidente Evo Morales ni el ex mandatario Luis Arce parecen preocupados: ninguna investigación relevante ha tocado a sus círculos cercanos, y los casos que se anuncian suelen quedar en declaraciones, comisiones especiales o expedientes que nunca prosperan.

Expertos y sectores de la sociedad civil advierten que la lucha contra la corrupción en Bolivia se ha convertido en un discurso repetitivo y poco creíble.

La falta de sanciones reales genera un ambiente de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, mientras la administración pública continúa enfrentando denuncias de sobreprecios, contrataciones discrecionales y manejo político de la justicia.

Organizaciones civiles sostienen que, sin independencia judicial y sin voluntad política real, los anuncios anticorrupción seguirán siendo meras formalidades.

Por ahora, la percepción generalizada es que en Bolivia la corrupción tiene carta blanca, amparada por un sistema que denuncia, pero no investiga; que alerta, pero no sanciona.