La Confederación de Gremiales de Bolivia anunció para el lunes 11 de octubre un paro general y bloqueo de carreteras, a nivel nacional, en rechazo del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo que, se encuentra en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Se denuncia que la Fiscalía amplía sus atribuciones, en desmedro de los comerciantes minoristas. Las protestas serán escalonadas hasta que el Gobierno atienda la demanda del sector, se anticipó.

La protesta fue confirmada por el principal dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, quien además señaló que otros sectores se sumarán a las medidas de protesta, "nosotros pedimos la anulación de esta ley por eso vamos a hacer una movilización total donde van a estar presentes varias organizaciones sociales" afirmó.

De acuerdo con la versión de Figueroa, los médicos, a nivel nacional, los transportistas, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), productores de quinua, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) además de otros se sumarán a las protestas.

El rechazo al proyecto de ley contra las ganancias ilícitas se produce porque, según el dirigente, la futura norma afecta a los diferentes sectores de la familia gremial y generará problemas estructurales en la economía de los comerciantes, "nosotros pedimos la anulación total y definitiva de esta ley, porque atentan contra los intereses de los comerciantes minoristas", enfatizó.

Luego del paro del 11 de octubre se tendrán 72 horas para que el Gobierno se pronuncie y posteriormente se tendrá otro paro que, según se prevé, será de mayor impacto para que el Gobierno escuche las demandas de su sector, anticipó Figueroa. También anunció que los gremiales de zonas fronterizas con Argentina, Brasil y Perú se sumarán el paro y el bloqueo de carreteras en sus regiones.

El proyecto de ley pasó a tratamiento de la Cámara de Senadores, tras la aprobación, hace dos semanas, en Diputados. De acuerdo a los procedimientos, tras la aprobación del proyecto en senadores pasará a tratamiento conjunto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados, hasta su sanción y su posterior remisión al Presidente del Estado para su promulgación y vigencia.