La Policía y la Fiscalía ya no encontraron a los secuestradores que el jueves atacaron y tomaron como rehenes a un grupo de 17 periodistas, policías y propietarios de tierras en Guarayos.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho cuestionó la tardanza de la movilización y representantes de medios de comunicación exigieron la inmediata sanción del grupo armado.

El contingente que desplazó el Gobierno ayer sábado al predio Las Londras, donde periodistas, policías y civiles fueron secuestrados, encontró el lugar abandonado.

“Se ha podido observar que no se encontraban personas en el lugar”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, uno de los que se desplazó hasta el lugar y dijo que, entre los objetos que se hallaron en ese predio, estaban “dos cartuchos de dinamita, una bomba molotov casera y armas punzocortantes”.

Los efectivos policiales y fiscales llegaron hasta el galpón donde, según testimonios de las víctimas del hecho violento, fueron secuestradas 17 personas, entre ellos periodistas y policías.

“Cuando hemos ingresado, ya no hemos encontrado personas en este punto”, confirmó uno de los jefes policiales, en el lugar de los hechos, de acuerdo con el reporte de Unitel.

Camacho dijo que tras los hechos producidos el pasado jueves 28 de octubre, la gobernación hizo las gestiones para estar presentes en la población afectada, pero ni los vecinos, ni los afectados ni secuestrados quería ir al lugar porque hay mucho temor.

Horas antes, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo le dijo a Camacho que no perjudique el trabajo investigativo de la Policía Boliviana y del Ministerio Público y le pidió que se dedique hacer gestión y “no shows mediáticos y politiquería”.

Sin embargo, Camacho considera que el avisar que ingresarían a la zona, provocó la reacción del gobierno y la policía ingresó después de 72 horas y no encontró a nadie de los supuestos autores del secuestro.

“Le dieron el tiempo necesario para que puedan salirse, creo que ese era el fin”, dijo tras sostener una reunión con asambleístas nacionales y departamentales con lo que llegó a un acuerdo para exigir al gobierno resultados inmediatos.

El gobernador afirmó que es un despropósito total, una falta de autoridad por parte del gobierno que “deje 72 horas libre al lugar donde han secuestrado personas y han sembrado terror y eso no puede suceder”.

Sostuvo que todas las autoridades elegidas deben responder a la población y pidió no ser “parte de un silencio cómplice de algo que está sucediendo”.

Insistió que entrar tarde significó dar tiemp a los delincuentes para que puedan salirse de la zona y “dicho y hecho, después de 72 de horas entran y no había nadie.  Es toda una complicidad grande del gobierno que tiene que acabarse”.

Expresó su temor que, si no se pone freno a la presencia de gente armada, de aquí a unos cuantos meses Santa Cruz podría ser México, Perú o uno de los tantos países que han vivido la actividad de mercenarios.

Del Castillo afirmó que lo ocurrido en Guarayos es un tema complejo que amerita seriedad y responsabilidad, y remarcó que en esa población hay tierras fiscales no disponibles de la reserva forestal y que no pertenecen ni a comunarios ni a empresarios.

Dijo que como gobierno pondrán ante la justicia a cualquier grupo en el país que tenga la osadía de tomar rehenes y portar armas de manera ilícita.

En ese lugar, además, se encontraron colchones, comida, un tractor y dos motocicletas, según detalló el efectivo policial.