La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la última semana en Bolivia, en las movilizaciones en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, abrogada después por el Gobierno.

El organismo internacional señala que recibió información de la muerte de una persona en Potosí, denuncias de presuntos excesos de las fuerzas policiales, agresiones y obstáculos para el ejercicio de la labor periodística, enfrentamientos entre personas ciudadanas, amenazas a personas con liderazgos sociales o funciones públicas y actos de hostigamiento afectando a la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, entre otros.

“La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial”, indica el organismo en un comunicado, en el que pide investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos durante las movilizaciones

Sobre la muerte del joven campesino Basilio Titi en Potosí, la CIDH “urge al Estado a esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia”.

En alusión a las agresiones a periodistas, exige a las autoridades garantizar las condiciones necesarias para el trabajo de los trabajadores de la prensa, enfatizando la protección del derecho a la libertad de expresión.

También exige promover el diálogo y cumplir con lo sugerido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó los hechos violentos de 2019; inclusive, ofrece un “mecanismo de seguimiento” de las recomendaciones y una visita al país.

"La Comisión urge al Estado y la sociedad boliviana a promover diálogos que apunten a generar espacios de consenso que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad y profundizar el proceso de análisis y comprensión mutua", indica.

Una las recomendaciones del GIEI que la CIDH menciona en su reciente comunicado está la de “prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad, tomando en cuenta su ilegalidad y alto nivel de riesgo para la sociedad en contextos de crisis”.

“(La CIDH) reitera su disposición de coadyuvar en los esfuerzos para la atención de las causas estructurales de las tensiones sociales, mediante sus distintas herramientas, inclusive la instalación de un mecanismo específico para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI y la realización de una visita in loco al país”, concluye la CIDH.