Las organizaciones cívicas Bolivia, reunidas en Potosí, resolvieron anoche que el 2022 será un año de lucha por la democracia y por un nuevo padrón electoral que es la madre para la imposición de la tiranía en el país.

Dirigentes de siete comités cívicos del país, de forma presencial, y tres, de forma virtual, acordaron que la nueva agenda política del país consiste en lograr una auditoría a las elecciones de 2020 y la consolidación de una nueva agenda electoral.

Uno de los dirigentes destacó que se tiene que eliminar los 1.300.000 votantes fantasmas que le dan la victoria permanente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que se tiene que construir un padrón que responda a la realidad de la población y permita el juego democrático en igualdad de condiciones para todos. Se definió que cada uno de los comités cívicos desarrollará un cabildo en enero para apuntalar la demanda de democracia.

Los comités cívicos se reunieron para analizar las acciones de aquí en adelante, con demandas pendientes ante el Gobierno y varios pedidos, considerando la actual coyuntura.

El presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel, dijo que la situación del país tras la aprobación de leyes “anticonstitucionales, antidemocráticas y antipopulares, no respetando el Estado de derecho, la libertad de expresión la intimidad y el patrimonio de todos los bolivianos, además las persecuciones cívicas a líderes cívicos y ciudadanos bolivianos de a pie que se movilizaron pacíficamente en los nueve Departamentos de nuestra querida Bolivia”.

Por ello, la reunión que se realizó en Potosí resolvió:

Continuar en estado de emergencia y en pie de lucha frente a cualquier provocación o la pretensión de seguir promulgando leyes anticonstitucionales

Se ratifica la unidad del pueblo boliviano en torno a los comités cívicos de toda Bolivia, organizaciones sociales y todo el pueblo en general.

Se exige al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la abrogación de todas las leyes malditas que promulgaron hasta la presente fecha.

Se exige la restitución del reglamento de los dos tercios en todos los artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para mayor debate de manera democrática. Se exige a los asambleístas enviar en consulta constitucional con medidas cautelares todos los proyectos de ley antes de su tratamiento en comisión.

Se exige una auditoría al padrón electoral y la construcción de un nuevo padrón electoral con participación de veedores internacionales idóneos y la participación del control social y civil, porque este fue alterado e incrementado con la carnetización implementada en los primeros años de gestión del señor Evo Morales y que hoy hace que este sea un padrón no confiable que no garantiza las elecciones democráticas.

Por consenso, se determina socializar en los nueve Departamentos los fundamentos políticos, administrativos y sociales a través del debate y, conducido por los comités cívicos, del modelo de un nuevo Estado Federal para su posterior aplicación y sea a mediano plazo, teniendo en cuenta que el Estado centralista no permite el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos.

Se exige el compromiso de todos los comités cívicos de Bolivia, dar fiel y estricto cumplimiento al acta de compromiso de la defensa de la democracia y rechazo a la represión y persecución judicial y derecho a la protesta pacífica.

Se exige a las autoridades judiciales que los detenidos y presos políticos, policías, militares, exautoridades y ciudadanos que participaron en las movilizaciones de 2019 y las actuales movilizaciones que se defiendan en libertad y con pruebas objetivas de los supuestos delitos que hubieran cometido y el respeto a la presunción de inocencia.

Se convoca al gran cabildo nacional y departamental a realizarse el 15 de enero de 2022, cuyo objetivo es exigir la auditoría forense a las elecciones y la realización de un nuevo padrón electoral nacional.