Algunas de las preguntas que la gente se hace sobre las famosas 41 ambulancias que pretendía comprar la Gobernación de Potosí podrían ser respondidas por dos personas, Osvaldo Mariscal y Víctor Arancibia. El problema es que, desde que estalló el escándalo por esa millonaria compra fallida, los dos están desaparecidos.

Fueron estas dos personas quienes acudieron hasta el Taller Automotriz Zegarra Motors para sonsacar el NIT de esa empresa, que después apareció en los documentos de compra de las 41 ambulancias. Ante ese hecho, Zegarra Motors presentó una denuncia por falsedad ideológica, pero solo contra Mariscal.

En el marco de las investigaciones sobre las relaciones entre la gobernación y la empresa Stefals Logistics, que es la que se adjudicó el contrato, este diario consiguió información sobre estas dos personas y la desglosará en sus servicios informativos.

Faltan los hechos, pero todo está en los papeles, y en los registros informáticos de control fiscal. Si nos atenemos a los documentos y formularios llenados, la Gobernación de Potosí no solo recibió las 41 ambulancias contratadas a la empresa unipersonal Stefals Logistics sino que también le pagó por esos equipos.

El trámite para el pago llegó hasta la base de datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep). Allí se puede encontrar el libro mayor que la gobernación subió para dar cuenta de los pagos que hizo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Uno de los pagos registrados el 31 de diciembre tiene el número de asiento 38197 y su descripción es la siguiente:

“Nuestro pago a Estefals Logistics representado por Luis Humberto Huanca Torrez, por la adquisición de 41 ambulancias Tipo I, según instructivo Dir-Sedes/440/12/2021, Certificación Presupuestaria No. 1065/2021, Acta de Conformidad,  Contrato, Informe de Comisión de Recepción, Hoja de Ruta No. 1953 de autorización de pago emitido por Jefatura Administrativa y Financiera”. 

El número de documento con el que se subió esa información es el 1249.1.1.0.0.0. y el monto a pagar es 20.500.000 Bolivianos.

Los auditores que fueron consultados por este diario para interpretar la información registrada en el Sigep señalaron que, para llegar a subirla, es preciso que se haya ordenado el pago e, incluso, que se haya emitido el cheque. En la descripción misma se puede ver que hubo una “autorización de pago emitido por (la) Jefatura Administrativa y Financiera”.

Dijeron que existe la posibilidad de que el pago haya sido devengado; es decir, programado para la gestión siguiente —2022—, pero lo que hace dudar es la existencia de un acta de conformidad con la entrega de las 41 ambulancias, lo que hace presumir que el proceso de compra se ha completado.

La secretaria administrativa y financiera de la gobernación, Lisbania Tejerina, declinó declarar respecto a estos detalles porque, según dijo, el proceso de compra de las ambulancias estuvo manejado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), pese a que esa entidad no está desconcentrada y, por tanto, sigue dependiendo de aquella. Señaló que ellos (los del Sedes) manejan su propio Sigep, pero el libro mayor subido a este sistema es el de la gobernación.

Desde que estalló el escándalo por la compra presuntamente irregular de las 41 ambulancias, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, ha repetido que, como los vehículos no fueron efectivamente recibidos, tampoco se hizo ningún pago. “No se ha pagado un solo centavo”, dijo en todos los contactos que tuvo con la prensa.

Pero los papeles dicen otra cosa. Por una parte, la existencia de un acta de recepción, a conformidad, es una prueba documental de que la Gobernación de Potosí recibió las ambulancias, aunque eso no haya ocurrido en los hechos. Jurídicamente, la compra está hecha.

Los auditores señalan que el registro en el Sigep significa que la compra está cerrada contablemente.