"Ayer estuvieron sometidos al gobierno de Evo Morales, luego fueron obedientes al gobierno de la señora Jeanine Añez y hoy día están marcando el paso con el gobierno del presidente Luis Arce": así describió el abogado Juan del Granado a la conducta de los magistrados, jueces y fiscales, que han convertido el manejo de la justicia en un instrumento del Poder Ejecutivo.

"Ese es el drama nuestro: no tenemos jueces independientes, no tenemos jueces idóneos e imparciales. Cómo no... hay excepciones, hay buenos jueces, pero son la excepción, los lunares", agregó para justificar la necesidad de llevar adelante una reforma judicial que permita por lo menos iniciar el proceso de transformación de la justicia.

El sometimiento de la justicia al poder de turno se advierte, también, en el caso de las 41 ambulancias en el que ya se ha identificado ilegalidades, incluso por parte de la Procuraduría General del Estado, pero hasta la fecha no ocurre nada, pues no existen detenidos y el trabajo de la Fiscalía se está orientando hacia la imputación a funcionarios de bajo rango, dejando libre al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. Sobre este caso, dijo que se trata de "un escándalo nacional" en el que hay "una expresión extrema de irregularidades en la gestión pública".

Comentó que “el cáncer de la dependencia, del sometimiento y corrupción, hizo metástasis en todo el organismo judicial, en todo el sistema judicial. Pero debemos atacar al cerebro, cambiar la modalidad de elección de jueces supremos”, sostuvo Del Granado.

Acotó que “no podemos esperar nada del Estado y del Gobierno” para llevar adelante la reforma judicial, porque la idea e iniciativa que tuvo el ministro de Justicia, Iván Lima, ha sido “abandonada”.

Recordó que durante la Asamblea Constituyente apoyó que los jueces supremos sean elegidos por voto popular, pero que el «hegemonismo y autoritarismo» del MAS y del Gobierno distorsionó con sus dos tercios en la Asamblea Legislativa el proceso de selección de los mejores profesionales en el derecho.

Anunció que un grupo de juristas y otros actores sociales están trabajando en una reforma judicial que sea producto de una iniciativa ciudadana, porque no es posible esperar los cinco años del actual Gobierno.